Un informe de las Fuerzas Militares, presentado como anexo en el Decreto de Conmoción Interior enviado a la Corte Constitucional, revela que el presupuesto actual es insuficiente para ejecutar operativos en el Catatumbo y otras zonas de conflicto.
El documento expone que la falta de incremento presupuestal entre 2024 y 2025, sumado al congelamiento de 279.000 millones de pesos, ha debilitado la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Esta situación impacta la disponibilidad de personal, equipos, inteligencia militar y logística, elementos esenciales para responder a la crisis de seguridad en regiones como el Catatumbo, el Pacífico y Arauca.
Falta de financiamiento y sus consecuencias
Según el informe, el presupuesto de las Fuerzas Militares no ha sido ajustado a la inflación proyectada del 5,2 % por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reduciendo su capacidad adquisitiva y operativa.
El general Alejandro López, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, advirtió que la congelación de recursos ha limitado la respuesta ante el avance de grupos armados ilegales que controlan zonas estratégicas mediante el narcotráfico y el contrabando. Además, la escasez de inversión en tecnología e inteligencia impide un monitoreo efectivo de estas organizaciones, lo que compromete la seguridad nacional.
Seguridad en riesgo por limitaciones operativas
El documento subraya que la falta de inversión en sistemas de vigilancia y análisis de datos ha disminuido la eficiencia de las operaciones militares, dejando en estado de vulnerabilidad a las comunidades afectadas por la violencia. Asimismo, la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa ha señalado que la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares es insuficiente para atender múltiples crisis en diferentes regiones simultáneamente.
Expertos en seguridad y militares en retiro han alertado sobre el deterioro estructural de las Fuerzas Militares, que incluye deficiencias en el número de efectivos y el uso de equipos obsoletos. La ausencia de financiamiento adecuado pone en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar amenazas en distintas zonas del país.
Esta situación ha sido expuesta ante la Corte Constitucional como uno de los principales argumentos para justificar la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, medida adoptada por el Gobierno Nacional en un esfuerzo por contener la crisis de seguridad en la región.
