El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, confía en que el corredor humanitario que se ha planteado para atender la crisis humanitaria en la región del Catatumbo pueda concretarse para aliviar la situación de miles de personas que han sido desplazadas por la violencia entre guerrillas y de quienes han quedado confinados.

“Parece que los actores están hablando de un posible corredor humanitario, abriendo esa puerta, y eso sería interesante”, dijo a EFE Cañizares, quien también preside la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar (Asomunicipios).

La Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones sociales han pedido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la apertura de un corredor humanitario para atender a las miles de personas que han quedado confinadas en el Catatumbo por los enfrentamientos con el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

El ELN se refirió el viernes a esa petición y pidió a las organizaciones sociales que conformen una comisión humanitaria para interlocutar y acordar protocolos para “el restablecimiento de la vida social” en el Catatumbo.

El alcalde considera que diez días después de que el ELN comenzara los ataques contra las disidencias, que han dejado entre 60 y 80 muertos, según distintas autoridades, aunque solo han sido recuperados 41 cadáveres, la calma puede estar retornando a la zona.

“Hay un proceso lento pero ya hay unas condiciones que se están normalizando en algunos temas de comercio o de transporte. Confiamos en Dios en que pronto se puedan superar estas dificultades y que haya sensatez”, afirmó.

Los desplazados, una prioridad

La ola de violencia en el Catatumbo deja también más de 41.000 desplazados, según las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), buena parte de los cuales han llegado a Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander.

Algunas autoridades han cifrado en 12.000 los desplazados en Ocaña, pero el alcalde aclara: “En la caracterización inicial llegamos casi a 3.500 núcleos familiares (…) pero tras hacer el proceso de depuración la cifra es de 2.885 núcleos”.

“La cifra es un poquito superior a las, digamos, 7.800 personas (desplazadas)”, indicó el funcionario, quien señaló que la depuración se hace con base en procedimientos del Ministerio Público (Procuraduría).

Para acoger a esas personas fueron habilitados como albergues temporales varios lugares, entre ellos el coliseo Argelino Durán Quintero, el Centro Vida, la Defensa Civil y una zona con unos camerinos de la Plaza de Ferias.

“Nosotros realmente hemos hecho lo humanamente posible para atenderlos”, dice, y destaca “la solidaridad de la ciudadanía de Ocaña” que se ha volcado con donaciones de alimentos y ropa para los desplazados.

En sentido agrega que tanto la Gobernación de Norte de Santander como el Gobierno central se han movilizado con ayuda humanitaria para los desplazados que están en Ocaña, hasta donde se trasladaron distintas autoridades nacionales, como la defensora del pueblo, Iris Marín, quien “estuvo con nosotros aquí trabajando el día domingo, recorriendo los alojamientos”.

“Esto tiene un pico. El pico fue el día domingo y parte del lunes. Estos últimos dos días ya hemos tenido menos afluencia. Yo he estado en el sitio de caracterización y en este momento es muy pequeño el número”, dice sobre la llegada de más desplazados.

El estigma del Catatumbo

Con todo, el alcalde, defiende la importancia y el valor del Catatumbo, una región pobre y montañosa formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, generalmente asociada con la violencia, pero también con una gran riqueza natural y una enorme capacidad de trabajo y de resiliencia de su gente.

“El Catatumbo tiene problemas, pero el Catatumbo tiene unos activos impresionantes, como la organización”, por un lado de sus comunidades, y por otro, política, de sus unidades administrativas, un proceso que dice comenzó hace 32 años “y es uno de los más maduros en Colombia”, para lo cual han contado con el apoyo de la cooperación de Suecia, explica.

Según Cañizares, si no se hubiera trabajado de manera articulada entre el Gobierno nacional y el departamental, los alcaldes, el Ministerio Público y las comunidades, “esto hubiera sido un desastre”. EFE