En los últimos dos años, se ha intentado que los generadores de energía reduzcan costos, corrigiendo un indexador que se había incrementado artificialmente en más del 40% durante 2021 y 2022. No obstante, hasta la fecha, solo cuatro de los 23 agentes han ofrecido alguna reducción en sus tarifas. A pesar de que los ajustes propuestos para este año alcanzan los 4.900 millones de pesos en el primer mes, representando apenas un 2.9% del total de los contratos, el reciente incremento del 400% en el precio de la bolsa de energía implica un costo adicional de 30.000 millones de pesos solo para el mes de agosto. Esto deja a los usuarios con una carga extra, después de descuentos, de 25.000 millones de pesos.
Las regiones del Atlántico, Magdalena y La Guajira han sido gravemente afectadas por el aumento en el costo de la energía en bolsa, que pasó de 145.000 millones de pesos en 2022 a 876.000 millones en 2023.
Para garantizar la continuidad del suministro de energía, se han ajustado las operaciones administrativas y financieras en respuesta a la suspensión de la limitación del suministro solicitada por alcaldes y gobernadores, la cual expira el 31 de agosto. Esta medida, acordada en una reunión el 25 de julio en Bogotá, tuvo una vigencia de seis meses y se vuelve aún más relevante ante las condiciones inestables del mercado y mientras se ajusta la fórmula tarifaria.
Air-e enfrenta serios problemas al intentar comprar energía a los actuales precios de la bolsa o en el mercado de reventa, que exceden el poder adquisitivo de los usuarios. La negativa de las generadoras a vender a mercados considerados de “alto riesgo” ha exacerbado la situación. EPM fue la única empresa que adjudicó energía a precios justos para 2025 para disminuir la exposición en bolsa. A pesar de que Air-e ofrece garantías superiores a las de Celsia y Enel, no ha recibido ofertas de energía, viéndose obligada a recurrir a la especulativa bolsa o al mercado de reventa.
Ante esta situación, Air-e propone la creación de una comisión gubernamental de alto nivel para analizar y estudiar el funcionamiento del sector eléctrico, con especial atención en la distribución de ganancias y el uso de los recursos económicos de generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores. Air-e está dispuesta a poner a disposición de esta comisión sus libros y registros financieros, buscando claridad sobre el destino de los fondos en el sector energético. Es relevante mencionar que las empresas propietarias de Air-e no han recibido dividendos en cuatro años de operación, y la empresa continúa esperando la corrección de las anomalías que afectan a los usuarios.
Air-e reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones que beneficien a todos, especialmente a los usuarios de la región Caribe, quienes merecen un servicio justo y asequible.
