Lo que se ha revelado hasta ahora es apenas la superficie de un caso de corrupción que tiene lugar en La Guajira. Se habrían desviado fondos no solo destinados a carrotanques, sino también a ollas comunitarias, se habría incumplido con soluciones para el suministro de agua y el mantenimiento de las plantas potabilizadoras, se habrían pagado sobornos y se habría premiado a congresistas con cargos en el ICBF y Prosperidad Social.

La cifra clave a tener en cuenta es de $20.400 millones de pesos, correspondientes a un contrato para ollas comunitarias en el municipio de Albania, uno de los más pequeños de La Guajira. Se sospecha que este dinero fue desviado para asuntos electorales, incluyendo la campaña de la alcaldesa Nera Robles, apoyada por el partido Maís, especialmente respaldada por la congresista del Pacto Histórico, Martha Peralta, y el representante conservador, Juan Loreto Gómez.

Las alarmas sobre este caso comenzaron a sonar en septiembre cuando ni los manipuladores ni los proveedores recibieron sus pagos.

El contratista de este proyecto es Jorge Martelo, un exrepresentante a la Cámara, empresario y ganadero cercano al grupo de Albania y Nera Robles. Según López, los contratistas de las ollas fueron seleccionados por Luis Gómez, el gerente del proyecto de las ollas, nombrado por el gobierno de Gustavo Petro, a quien, al igual que a Martha Peralta, comenzaron a sacar del círculo cercano al palacio este fin de semana.

La pregunta ahora es si las ollas comunitarias eran un proyecto para todo el país, ¿Por qué se privilegió a La Guajira o específicamente al municipio de Albania? De un total de 1114 ollas para todo el país, 470 se destinaron a La Guajira por más de 61 mil millones de pesos, lo que representa el 39 por ciento del total. Resulta curioso, por decir lo menos, que el contrato más alto, de 20.400 millones de pesos, haya ido a parar a Albania, y que la Asociación de Madres Trabajadoras, Asomadoras, beneficiaria del contrato, no haya recibido el pago correspondiente.

Además de todo esto, ahora la senadora Martha Peralta deberá aclarar si los nombramientos hechos en los últimos tres meses, de Rodrigo Elias Daza en el ICBF y Karen Gómez en Prosperidad Social, son premios burocráticos otorgados por el gobierno.