El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, en el que decretó aumentos en el servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6, así como para el sector industrial, con el fin de subsidiar al departamento de La Guajira, ha generado un fuerte rechazo por parte de los usuarios de servicios públicos en la región Caribe.

Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región, calificó esta medida como grave y preocupante. Considera que el Gobierno nacional está aplicando el mismo mecanismo de aumentar impuestos a los usuarios para obtener recursos, tal como lo hicieron gobiernos anteriores. Aunque el incremento puede parecer bajo, Alarcón señala que recaerá sobre la clase media, media alta y el sector industrial, afectando tanto a pequeñas, medianas como grandes empresas.

Para Alarcón, existen otras alternativas que deberían ser consideradas, como el control de la corrupción y la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, como la exploración petrolera y gasífera en La Guajira. Aunque es consciente de los problemas que enfrenta la población de este departamento, considera que imponer un nuevo impuesto a los estratos altos y al sector industrial no es la solución adecuada y terminará afectando a toda la población.

El mandato del presidente busca superar la crisis humanitaria en La Guajira, declarando un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento. En este contexto, se ha establecido un nuevo impuesto denominado «Aporte Departamento de la Guajira», que se cobrará obligatoriamente a los estratos 4, 5 y 6, así como al sector industrial, con un valor de $1.000 para los estratos mencionados y $5.000 para el sector industrial por factura de energía.

El cobro del impuesto iniciará en septiembre de este año y, en principio, será por un período de seis meses. Sin embargo, el Congreso podrá determinar si este período se extiende durante el siguiente año, es decir, entre 2024 y 2025.

Ante esta situación, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos rechaza de manera contundente este nuevo régimen especial y espera que la demanda presentada ante el Consejo de Estado sea favorable para los intereses de todos los costeños. El debate en torno a este aumento de energía y el destino de los recursos recaudados promete seguir siendo un tema de discusión y controversia en el país.