El fallo del juzgado Quinto Laboral de Bogotá considera que el uso de gases lacrimógenos y otros elementos químicos para dispersar protestas podría enviar al traste cualquier norma o protocolo de bioseguridad en tiempos de pandemia.

El juez le dio la razón al tutelante y concluyó que resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones y, por lo tanto, el manifestante quedaría en mayor riesgo y su salud más expuesta en caso de contagiarse por COVID-19.

“Los manifestantes asintomáticos, al ser objeto de esta sustancia, los llevaría indudablemente a propagar el virus en su entorno ante la reacción del cuerpo al toser excesivamente, lo que implicaría una mayor carga viral en el ambiente, perjudicando exponencialmente a otros ciudadanos”, dice.

Reitera el juzgado que Colombia actualmente ocupa el octavo lugar a nivel mundial en número de contagiados por COVID-19, con más de un millón de contagios (1’074.184 según el reporte del MinSalud a corte de 31 de octubre de 2020).

Aunque el Ministerio de Defensa alegó que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ya profirió un fallo referente a las protestas, al igual que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Quinto laboral observó que los altos tribunales no hicieron alusión al impacto de los gases lacrimógenos en la salud humana en tiempos de pandemia y por ello ordenó la suspensión de estos.

El juez también exhortó al presidente de la República y al Ministerio de Defensa para que, en el marco de la reglamentación ordenada en sentencia de la Corte Suprema, se debata y analice seriamente la necesidad de mantener el uso de agentes químicos o determinar su prohibición absoluta.