Un escándalo de corrupción está girando alrededor del primer ministro canadiense Justin Trudeau y su Partido Liberal. Se le acusa de presionar a la ex ministra de justicia y fiscal general, Jody Wilson-Raybould, para favorecer a SNC-Lavalin, una empresa privada investigada por sobornar a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011 para obtener contratos con el gobierno de Muamar al Gadafi.
Wilson-Raybould, quien renunció el mes pasado, testificó ante el Comité de Justicia de la Cámara de representantes acusando al círculo interno del Primer Ministro de interferir políticamente, por parte de altos funcionarios del gobierno, en el juicio contra la empresa SNC-Lavalin. La ex fiscal también denunció las «amenazas ocultas» y «presión sostenida» que vivió para que la firma canadiense saliera ilesa del proceso judicial. «Entre septiembre y diciembre de 2018, experimenté un esfuerzo constante y sostenido por parte de muchas personas dentro del gobierno para tratar de interferir políticamente en el ejercicio de la discreción fiscal, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de procesamiento diferido con SNC-Lavalin», dijo Wilson-Raybould.
Justin Trudeau, se pronunció por primera vez ante el escándalo de corrupción diciendo que “hubo una ruptura en la confianza y la comunicación con su ex ministro de Justicia”, pero no llegó a disculparse. «No estaba al tanto de esa erosión de la confianza, y como primer ministro y jefe de gabinete, debería haberlo hecho», dijo Trudeau durante una conferencia de prensa en Ottawa. «En última instancia, creo que nuestro gobierno será más fuerte por haber luchado con estos problemas».
Esta fue la primera vez que Trudeau abordó el escándalo y las acusaciones de que él y su gobierno presionaron a Jody Wilson-Raybould. Sin embargo, Trudeau se mantuvo desafiante y reprendió a quienes pedían una justificación: «no» a las disculpas del pueblo canadiense” y dijo que su gobierno actuó de manera apropiada.
Desde entonces, el escándalo se ha disparado aún más, provocando llamamientos de renuncia de la oposición, que también exige una investigación independiente. Un segundo ministro del gabinete de Trudeau también renunció el lunes de esta semana. La presidenta de la Junta del Tesoro, Jane Philpott, dijo que es «insostenible» que ella permanezca en el gabinete en medio del escándalo y dijo que ya no puede defender al gobierno, convirtiéndose en el segundo ministro que renunciará después de la controversia.
La popularidad de Trudeau se ha hundido desde entonces, lo que llevó a Gerald Butts, su ex asesor político y mejor amigo, a declarar en defensa de la administración. «Cuando están en juego los empleos de 9,000 personas, es un problema de política pública del más alto nivel», dijo Butts. Esto amenaza el futuro político del líder del país, lo que conllevaría a derribar su Gobierno, siete meses antes de las elecciones nacionales.
