Toda la comunidad de Isla La Amargura, en Cáceres, Bajo Cauca se vio obligada a abandonar su territorio con el ingreso de un grupo armado ilegal, aún sin identificar.

En medio del pánico, las familias, entre niños, adultos mayores y mujeres en embarazo, abandonaron la zona.

Winston Gallego, El vocero del Proceso Social de Garantías (PSG), aseguró que varios de los hombres de la comunidad fueron retenidos por los criminales y los sometieron a torturas durante la madrugada y solo hasta la mañana de este jueves los liberaron en estado crítico.

«Un grupo ilegal, aún sin identificar, ordenó la orden de desocupar el territorio. Raptaron a unos jóvenes, se los llevaron y los regresaron con vida, pero en mal estado. Por esta razón, se desplazó toda la comunidad».

Según el Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, serían 300 personas las que huyeron con lo que tenían puesto y se refugiaron en el corregimiento El Guarumo.

Debido a este el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, ordenó a las tropas trasladarse hasta esa zona para proteger y garantizar la seguridad de la comunidad.

Desplazados en Tarazá

Tras las amenazas de los grupos armados ilegales Clan del Golfo y Los Caparros, que se disputan el control del territorio, Cuatro núcleos familiares más, representados en diez personas, se desplazaron hacia el casco urbano de Tarazá.

Las víctimas han aumentado a 106, incluyendo niños y adultos mayores, las cuales permanecen albergadas en una escuela del municipio, donde están recibiendo ayudas alimentarias de la alcaldía.

El secretario de Gobierno de Tarazá, Deyvinson Montero Arroyo, dijo que algunas familias abandonarán la Institución Educativa Rafael Núñez, sede Ángel Amado, y partirán hacia Montelíbano, donde amigos y familiares les ofrecerán ayuda, pues temen por su seguridad y aún no quieren regresar.

Por el momento con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, se fortalecerán todas las labores de investigación, por parte de las instituciones especializadas, con el fin de esclarecer los hechos de violencia, entre ellos, los homicidios de una líder social y dos menores de edad. Además de sus presuntas desapariciones.