La Procuraduría General ha decidido suspender al canciller Álvaro Leyva Durán por un periodo de tres meses, mientras se lleva a cabo una investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato para el manejo de pasaportes. La Sala Disciplinaria de Instrucción encontró que el canciller podría haber cometido dos faltas disciplinarias graves, clasificadas provisionalmente como dolosas.
En primer lugar, se señala que el canciller declaró desierta la licitación 001 de 2023 sin los debidos fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, posiblemente transgrediendo los principios que rigen la contratación estatal. En segundo lugar, se le acusa de decretar la urgencia manifiesta en el proceso contractual sin aparentes causales para tal determinación.
Con el objetivo de salvaguardar la integridad del expediente y prevenir posibles repeticiones de las faltas disciplinarias, la Sala ha decidido suspender provisionalmente al canciller. Se destaca su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y director del nuevo proceso contractual para la gestión de pasaportes.
Adicionalmente, se ha llamado la atención sobre una reunión en París entre Jorge Leyva, hijo del canciller, y Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aparentemente, se discutió extensamente sobre el contrato de pasaportes, a pesar de que Jorge Leyva no tenía relación con el proceso, actuando aparentemente como lobista de varias empresas interesadas en el contrato.
Cabe destacar que, en la misma decisión emitida, se archivó la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.
