Una inesperada controversia se ha desatado a raíz de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, durante la reciente sesión de plenaria del Senado. Según Rodríguez, un total de 18 congresistas, compuestos por 8 senadores y 10 representantes a la Cámara, están actualmente beneficiándose de subsidios de combustible para sus vehículos blindados asignados para garantizar su seguridad.

Las revelaciones del funcionario han desencadenado un intenso debate en el Senado, con posturas divididas sobre la legitimidad de estos auxilios económicos. Sin embargo, lo más llamativo es que Rodríguez hizo hincapié en que estos subsidios no fueron autorizados durante la administración del actual presidente, Gustavo Petro. En cambio, estos beneficios comenzaron a implementarse durante el mandato del expresidente Iván Duque.

El director de la UNP enfatizó: «Este Gobierno, esta administración no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración.»

El listado de legisladores involucrados incluye nombres prominentes de diversas vertientes políticas, como senadores de la Unión Patriótica (UP), el Pacto Histórico, el Centro Democrático, Colombia Humana, el Partido de la U y el Partido Conservador, así como representantes a la Cámara. Entre ellos se encuentran figuras como Iván Cepeda, María Fernanda Cabal, Clara López y Jorge Andrés Cancimance López.

Ante estas acusaciones, algunos de los parlamentarios implicados han argumentado que los subsidios son legítimos debido a su participación en programas especiales que los respaldan. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de una mayor claridad en la gestión de subsidios a los legisladores.

El escenario político sigue en tensión mientras se espera una respuesta por parte de los involucrados y las autoridades pertinentes. La revelación de estos subsidios de combustible ha resaltado una vez más la importancia de la rendición de cuentas y la vigilancia en el uso adecuado de los recursos del Estado.