El general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de Cali y superior del patrullero Ángel Zúñiga Valencia, quien se negó a participar en un desalojo, aseguró que como servidores públicos son seres humanos, pero a la vez deben hacer cumplir las órdenes judiciales a cabalidad.
“Los policías de Colombia, en nuestro actuar y cumplimiento del deber, nunca perdemos nuestra condición humana. Sin embargo, el ir a desconocer una orden legítima de una autoridad competente no nos corresponde porque sería entrar a definir sobre lo que se ha investigado durante todo el marco de un proceso. No debemos opinar sobre lo que no nos corresponde”, indicó.
Explicó el comandante que el proceso era un acompañamiento a un predio que es de uso público y estaba siendo ocupado ilegalmente, por lo que debían hacer cumplir una orden directa de desalojo.
“Lo que se solicitó al comando de Policía de Cali fue un acompañamiento de restitución de un inmueble de uso público. No me puedo negar porque debía garantizar ese procedimiento, pero siempre con la compañía del Ministerio Público”, agregó.
Asimismo, el alto oficial aseguró que el patrullero Zúñiga no está incomunicado ni ha sido sancionado ni destituido de la institución y que su caso debe cumplir un debido proceso, que analizará o sucedido para tomar algún tipo de decisión.
“La situación administrativa (del policía) en este momento es laborando. No es cierto que esté detenido”, manifestó el general Vásquez.
Vásquez aseguró que al uniformado se le respetarán todos sus derechos y será investigado de acuerdo con la normatividad. Dijo que es falso que vaya a ser enviado a una zona apartada del país como castigo porque, según expresó, así no se actúa en la Policía.
“Así no actuamos en la Policía. Aquí no hay irracionalidad ni desconocemos los derechos (…) Hay una ley que es la que rige el procedimiento investigativo para todos los servidores públicos y así actuaremos”, añadió.
Finalmente, el comandante de la Policía de Cali dijo que no se puede hablar de un escenario mejor o peor para el patrullero. Agregó que se investigará a fondo el comportamiento del uniformado para tomar las decisiones a la que haya lugar.
“Aquí hay garantías procesales. Está el derecho a la defensa, si es que se surte una investigación correspondiente”, finalizó.
