El Gobierno liderado por el Presidente Petro ha dado a conocer un análisis sobre el sistema de salud nacional, destacando la urgencia de implementar reformas en este ámbito. Se han presentado problemas persistentes y el aumento de los desembolsos gubernamentales destinados a proteger los derechos de la población ha mostrado resultados favorables, atribuibles a las políticas instauradas por el presidente y las intervenciones realizadas en las Empresas Promotoras de Salud.
El Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, se refirió a Audifarma, actualmente bajo auditoría por presunto acaparamiento de medicamentos. Afirmó que la intermediación en la distribución podría incrementar los precios de los fármacos en hasta un 65%, amenazando así el derecho a la salud. También solicitó la implementación de un sistema preventivo y un control más riguroso sobre las EPS.
El informe indaga sobre las deficiencias del sistema de salud, particularmente en lo que respecta a los medicamentos. Se ha priorizado el tratamiento de enfermedades en detrimento de la prevención, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas con enfermedades crónicas y en la demanda de fármacos. Algunas EPS han dificultado el acceso de los pacientes a los medicamentos necesarios, y una gran parte de los fondos se utiliza para saldar deudas, lo que repercute en la calidad del servicio y eleva los costos.
El documento también presenta propuestas para abordar la situación actual. A pesar de que las soluciones no serán rápidas, se sugiere la posibilidad de una negociación conjunta con la industria farmacéutica para evitar la intermediación. Asimismo, se plantea la interrogante sobre el destino de los fondos destinados a la salud. Un caso en particular es el de la EPS Coosalud, señalada por desviar 200 mil millones de pesos, según informes de los auditores.
La normatividad relacionada con gestores farmacéuticos ha dado lugar a la formación de un oligopolio que afecta a los usuarios. Desde el año 2019, estos gestores han estado bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, aunque sus funciones no han sido definidas de manera clara. Un número reducido de gestores ha alcanzado gran poder. Se está elaborando una propuesta para regular su actuación. Se destaca que la Nueva EPS dependía de Audifarma para la distribución de medicamentos y, tras la intervención de un administrador, se establecieron acuerdos de pago.
En lo que respecta a las entregas, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Nueva EPS realizó pagos a Audifarma sin garantizar las entregas, resultando en un incumplimiento del 87%. La Supersalud tomó acciones preventivas y exigió a ambas entidades que informen sobre la transición sin perjudicar a los usuarios.
Audifarma se encuentra bajo auditoría y debe acatar las directrices para la distribución de medicamentos. Se han detectado irregularidades, ya que algunos medicamentos no estaban disponibles en los puntos de dispensación, pese a que había existencias en el centro de distribución.
En conclusión, se reitera que lo comercial no debe tener un lugar predominante frente al derecho a la salud, subrayando que la salud y la vida no deben estar en riesgo a causa de dificultades contractuales entre los administradores y las entidades promotoras de salud.