Con la legislatura llegando a su fin en 35 días, las reformas sociales impulsadas por el Presidente están al borde del colapso legislativo. Las reformas pensional y laboral enfrentan un cronograma apretado para ser aprobadas, con el riesgo de fracasar por falta de tiempo.

La reforma pensional es la más complicada, necesitando pasar dos debates en la Comisión Séptima y en la Plenaria de la Cámara antes del 20 de junio. Este proceso está empañado por presuntas irregularidades en el Senado. La reforma laboral, por su parte, requiere al menos un debate en la Comisión Séptima de la Cámara para avanzar en la próxima legislatura. Sin embargo, ambos proyectos deben ser debatidos en la misma comisión sin la posibilidad de debates conjuntos.

La prioridad del Gobierno parece ser la reforma pensional. No obstante, se rumorea que se prepara una reforma a la salud con mensaje de urgencia, lo que podría sacrificar tanto la reforma pensional como la laboral debido a la falta de tiempo. Esta nueva reforma sanitaria, siendo un proyecto de alto impacto, es improbable que sea aprobada rápidamente sin el debate necesario.

A esto se suma la reciente invalidación del Ministerio de la Igualdad por la Corte Constitucional debido a la falta de un estudio de impacto fiscal, un problema que también afecta a las reformas actuales.

Con el tiempo en contra, se espera una solicitud de sesiones extras en el Congreso. El Gobierno enfrenta no solo la sombra de corrupción de la UNGRD, sino también la posibilidad de un nuevo estallido social si sus reformas no son aprobadas.