Desde el inicio del periodo presidencial de Gustavo Petro Urrego las diversas propuestas en cámara y senado de reformas varias en el país no se han hecho esperar, por el contrario, sus constantes insinuaciones dejan mucho para pensar a la hora de llegar a ser consolidadas. Algunas de estas propuestas de reformas son materia de constantes debates entre los diversos sectores políticos que componen la bancada legislativa y administrativa en el país, así mismo los ciudadanos se encuentran en una expectativa o incertidumbre casi permanente al tratarse de algo que sin duda alguna podría cambiar el rumbo de la vida cotidiana de los colombianos, como es el caso de la muy hablada últimamente reforma a los servicios públicos en Colombia, que voz a voz ya empieza a buscar espacio en las diversas sesiones en el congreso.
Las marchas llevadas a cabo el pasado 27 de septiembre en todo el territorio colombiano fueron hincapié para que el actual mandatario presidencial diera algunos indicios de lo que sería esta nueva reforma, que como menciona el personalmente, su objetivo principal es cesar aquellos abusos perpetrados por las entidades prestadoras de este servicio y además seguir ese trayecto sostenible que busca sea característica de Colombia.
Entre los puntos claves a trabajar de esta reforma se encontraría el usuario como epicentro de esta, prácticamente hablando de la conformación de un derecho casi que ineludible ante cualquier caso, teniendo en cuenta que los servicios públicos como electricidad, agua y alcantarillado son los indicios básicos de poder vivir en un sector o lugar en condiciones adecuadas. «las leyes hoy vigentes que crearon los servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle”. Dijo el presidente Gustavo Petro en medio de discurso llevado a cabo en la Plaza de Bolívar el pasado miércoles 27 de septiembre.
La Ley 142 de 1994 sería una de las modificadas en primera instancia por esta nueva reforma, ya que esta ley es la principal encargada en que los servicios públicos sean prestados a toda la ciudadanía, pero con unos nuevos ajustes a esta ley, lo que se buscaría es cambiar la terminología y clasificación de esta ley como un “mínimo vital”, esto para que todas aquellas personas que no puedan realizar el pago de estos servicios a pesar de ello puedan seguir contando con su prestación.
Una de las problemáticas que más afectan a los habitantes de la costa caribe colombiana son los altos costos de los servicios públicos actualmente, esto también sería trabajado en la nueva reforma a los servicios públicos, creando normativas que ayuden a los usuarios a ser atendidos, recibir y pagar los servicios de manera justa y moderada, además de ponerle la lupa a todas las entidades encargadas de estos servicios y regular su funcionamiento para un adecuado uso de los recursos naturales como económicos de los ciudadanos y de la nación.
Por ahora la espera de esta reforma es básicamente materia de estudio, planeación y presentación ante el congreso, pero sin duda alguna los colombianos se mantendrán atentos ante los cambios que pueda traer esta nueva reforma, esperando más resultados positivos que negativos realmente necesarios en la actualidad.
