Este proyecto busca eliminar, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. En su cuarto y último debate, fue aprobado por unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Al aprobar este proyecto se busca la activa participación de más mujeres en la política sin que esto represente un peligro para ellas. Así mismo, a través de esta iniciativa se designan responsabilidades y medidas de prevención y atención a entidades del Gobierno, autoridades electorales, organizaciones políticas y organismos de control.

La autora del proyecto, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, está a la expectativa de que la iniciativa sea sancionada antes de las elecciones de octubre. “Hoy este proyecto que es una realidad, que será ley de la república después del control constitucional, garantizará para todas las mujeres, una política libre de violencias y en igualdad. Esperamos que se logre antes del inicio de los próximos comicios y que las mujeres que van a disputar el poder local puedan lograr la aspiración y que seamos muchas más mujeres en la política, en espacios como el congreso y por supuesto también el poder local”.

La ponente del proyecto y representante a la Cámara del Partido Verde, Catherine Juvinao, reafirma que la política no tendría por qué ser un ambiente violento para las mujeres. “Al revés, debe ofrecer condiciones seguras para que todas nosotras podamos entrar a procesos de liderazgos, a procesos democráticos, a procesos políticos y que lo podamos hacer en condiciones de equidad, sin reproducir patrones de subordinación, de desigualdad, de inequidad, o de discriminación”.

Según la Misión de observación Electoral, durante el período comprendido entre marzo de 2021 y febrero de 2022, se registraron 137 ataques contra mujeres líderes políticas, sociales y comunitarias. Aproximadamente una tercera parte de estos ataques resultaron en muertes. Además, según un estudio llevado a cabo por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Colombia, alrededor del 64% de las mujeres que ocupan cargos políticos electos han sido víctimas de actos de violencia política.

Es por esta razón que este proyecto incluirá en la legislación el concepto de violencia contra las mujeres en la política, y garantizará la protección y reparación de las víctimas, así como todas las sanciones y responsabilidades éticas, electorales, disciplinarias y penales que correspondan según la normativa vigente.