Este miércoles, en último debate de la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado el proyecto de habeas data o «borrón y cuenta nueva» y pasa a conciliación para convertirse en Ley de la República.
En la sesión del martes, que se levantó dejando 15 artículos pendientes para aprobación, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló que el Gobierno apoya el proyecto, aunque con tres modificaciones.
Los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil fueron quienes impulsaron el proyecto que contempla una amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad.
El proyecto busca disminuir el tiempo de permanencia de receptores financiero negativos, de cuatro a dos años. Consultar la información crediticia será gratuita y no afectará la calificación. Además, las personas que hayan sido víctimas de suplantación, podrían mostrar la denuncia y solicitar que el reporte negativo sea eliminado.
A pesar de ser aprobado, sigue acumulando comentarios en contra por el efecto que puede generar en la inclusión financiera de los colombianos, y que llevaría a las entidades financieras a «restringir su oferta de crédito, debido a la mayor exposición de riesgo», según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Asimismo, 26 de los 27 gremios que componen el Consejo Gremial Nacional habían emitió un comunicado en el que le pedían al Congreso de la República no aprobar este proyecto de ley porque, según ellos, contribuye «al deterioro de la calidad de la cartera de las empresas y al fomento de la cultura del no pago».
Por su parte, el director de MS Legal, firma experta en datos personales, Pedro Novoa, manifestó: “Este proyecto, a pesar de las buenas intenciones que promulga tener para el público en general, muy posiblemente va a transformarse en mayores trabas para acceso a líneas crediticias en la medida en que las entidades otorgantes encuentren menos información y la que exista sea de menor calidad para basar decisiones con base en ella”.
Novoa añadió: “Debo admitir, sin embargo, que el texto final discutido ha ido mejorando con el transcurso de los debates. Sin embargo, persisten temas que serán perjudiciales para la posición del empresariado, como las obligaciones de adelantar denuncias ante casos de suplantaciones y la de realizar doble notificación en deudas de bajos montos, aspectos, entre otros, que implican mayores gastos operacionales que, seguramente, se verán reflejados en los costos a los usuario».
