La Procuraduría solicitó al director del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) informar a la mayor brevedad si está asegurada la existencia de medicamentos necesarios para atender pacientes Covid en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y de jeringas desechables para realizar el proceso de vacunación contra el Covid-19 a más de 34 millones de ciudadanos.

Así lo indicó el MInisterio Público en un comunicado, en el que informa que en comunicaciones enviadas al director de este organismo, Julio César Aldana Bula, señaló que ha sido alertado respecto de la potencial escasez de jeringas desechables necesarias para la aplicación de las vacunas, lo cual representaría un grave riesgo para la ejecución del plan de vacunación, y del posible desabastecimiento de medicamentos de primera línea de atención utilizados en pacientes con Covid-19 que se encuentran en las UCI.

«El director de Invima deberá indicar a la Procuraduría qué medicamentos han sido reportados como escasos o sin existencias o reservas por clínicas y hospitales a nivel nacional, así como el tipo y cantidad total de medicamentos recientemente importados por el Gobierno nacional; proyecciones de demanda mensual y estimaciones de provisión a nivel nacional y tiempo de cobertura», sostiene la Procuraduría.

Así mismo, deberá informar sobre el plan de contingencia establecido por el Gobierno nacional para garantizar la suficiencia de medicamentos para la atención de los pacientes que requieren ser internados en UCI.

La Procuraduría indicó que «en caso de no contar con existencias de esos medicamentos o de existir algún riesgo de escasez de jeringas desechables, el Invima deberá informar las medidas y gestiones adelantadas para aprovisionar estos insumos médicos indispensables para atender las necesidades de salud que se están presentando actualmente en el país y llevar a cabo el Plan Nacional de Vacunación propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social».

La información solicitada por el Ministerio Público deberá ser remitida a la Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente en un plazo no superior a tres días.