Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por la destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde Gustavo Petro, la Procuraduría radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para ajustar las competencias sancionatorias de la entidad.

El proyecto radicado por el saliente procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pretende ajustar las competencias de sanción del Ministerio Público, en investigaciones contra servidores públicos de elección popular por casos de corrupción y violación de derechos humanos.

“La iniciativa acoge un sistema de garantías que en ningún caso debilitará las sanciones expeditas que deberán imponerse a los servidores públicos de elección popular cuando cometan actos de corrupción o incurran en violaciones a los DD.HH. Un régimen legal que reafirma la tradición jurídica de las altas cortes colombianas y que redundará en actuaciones garantistas, efectivas y contundentes”, aseguró el Procurador en la presentación de la iniciativa.

Así mismo, explicó que, en caso de que el proyecto pase a ser ley de la república demostrará que es posible armonizar toda la convencionalidad como sistema integral y avanzar en un camino abierto de interpretaciones sistemáticas y evolutivas de plenas garantías de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y efectivas con las convenciones contra la corrupción.

Con la iniciativa, la Procuraduría acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.