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Proceso contra Uribe: tres magistrados se retiran de la discusión por conflicto de interés

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La Corte Suprema de Justicia ha aceptado los impedimentos presentados por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Guzmán Díaz, Dagoberto Hernández Peña y Hermens Darío Lara Acuña, quienes se apartaron de la discusión de los recursos de apelación y queja en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Los magistrados argumentaron sus impedimentos debido a que, como miembros de la Sala Penal del tribunal, ya habían tenido conocimiento previo del proceso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos.

“Los magistrados comprometieron su criterio al emitir juicios de valor sobre algunos de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y consideraron necesaria la continuación del proceso por los delitos atribuidos a Álvaro Uribe Vélez”, se indicó en la decisión.

La Corte Suprema de Justicia consideró fundado el impedimento expresado por los magistrados del Tribunal Superior, garantizando así la independencia de la administración de justicia mientras se estudian los recursos de apelación y queja de la defensa del exmandatario.

“En aras de garantizar la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, debe declararse fundada la manifestación impeditiva expresada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a la luz de la causal de impedimento formulada”, concluyó el documento.

Además, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá determinar qué instancia es la encargada de resolver la queja presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien lleva el proceso contra Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.

Se espera que esta decisión sea resuelta antes del inicio de la audiencia preparatoria del juicio contra el excongresista, programada para la semana del 10 de julio.

Esta acción judicial fue presentada por el abogado Jaime Granados, quien solicitó la nulidad de lo actuado desde la imputación, argumentando supuestas violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa.