El hacinamiento en la cárcel de Villahermosa, en Cali, llevó a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a ordenar una reparación económica para los reclusos por la vulneración de sus derechos.

La indemnización que recibiría cada interno sería cercana a los 820 mil pesos mensuales. Las entidades que deberían cancelar ese valor son el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Cali.

En la actualidad, ese centro carcelario, que tiene capacidad para recibir dos mil reclusos, alberga a más de 5.900 presos. Por eso, en primera instancia el Tribunal determinó ordenar la reparación económica dado que se ha vulnerado el derecho a la dignidad de los internos que viven en condiciones precarias.

Sin embargo, la última palabra, frente a este fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, la tiene el Consejo de Estado.

Hacinamiento en cárceles de Colombia

En octubre del año pasado, en la audiencia pública ‘Seguimiento al Estado de Elementos Inconstitucional en Materia Penitenciaria y Carcelaria’, la Defensoría del Pueblo indicó que el sistema carcelario y penitenciario, para ese momento, contaba con una capacidad para un poco más de 80 mil personas.

Sin embargo, en ese momento la población recluida era de más de 119 mil personas. Es decir que el hacinamiento en las cárceles correspondía al 49% con una sobrepoblación total de 39.639 reclusos.

“De los 113 establecimientos de reclusión que tiene a su cargo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 102 padecen hacinamiento grave” dijo en su momento Paula Robledo Silva, defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo en la audiencia pública.