El escándalo por el millonario robo de tierras en el departamento del Atlántico sigue destapando una compleja red criminal que, según las autoridades, involucra a tramitadores, abogados y funcionarios públicos. Así lo confirmó el coronel Jorge Mora Cortez, jefe del Grupo Anticorrupción de la Policía Nacional, quien anunció que se avecinan nuevas capturas en el marco de la segunda fase de esta investigación que ha sacudido al Caribe colombiano.

Durante una rueda de prensa, el coronel Mora confirmó que 16 de las 17 capturas recientes ya fueron legalizadas por un juez de control de garantías, mientras que la persona restante sigue en libertad, aunque la Fiscalía ya presentó una apelación con el objetivo de lograr su detención.

“Estamos frente a una estructura criminal bien organizada, en la que confluyen actores del sector privado y público. No vamos a detenernos. Seguimos adelante con una segunda etapa de investigación que traerá más resultados en las próximas horas”, declaró el oficial.

La red criminal detrás del fraude

Según la información preliminar entregada por la Policía, los implicados habrían cometido fraudes en la titulación de terrenos rurales y urbanos, alterando registros de propiedad y utilizando mecanismos legales de manera indebida para apropiarse ilícitamente de terrenos que no les pertenecían.

La estrategia era sofisticada: empezaba con tramitadores que se encargaban de identificar predios en disputa o abandonados, luego los casos pasaban a manos de abogados que montaban procesos jurídicos falsos para legitimar la posesión, y finalmente entraban en escena funcionarios públicos corruptos, quienes facilitaban la expedición de documentos oficiales.

Segunda fase de la investigación en marcha

El coronel Mora Cortez fue enfático al señalar que esta es solo la primera fase de una investigación de largo aliento que busca desarticular por completo a esta red criminal, la cual habría operado durante años en varios municipios del Atlántico.

También hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando de manera anónima casos similares, recordando que muchos procesos se han abierto gracias a las alertas de la comunidad.

“Necesitamos que la gente siga hablando. El silencio solo favorece a quienes están delinquiendo. Si conocen casos de apropiaciones sospechosas de tierras, confíen en las autoridades”, enfatizó.

¿Qué viene ahora?

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional trabajan de manera articulada para avanzar en la judicialización de los implicados, mientras que se evalúa la posible responsabilidad de algunos funcionarios locales en cargos de poder que habrían sido clave en el andamiaje de la red.

El caso ha generado preocupación en el Atlántico, no solo por la cantidad de tierra que fue objeto de fraude, sino también por el posible impacto en proyectos agrícolas, de vivienda y desarrollo urbano que dependían de esos predios.