La polémica construcción de edificio Aquarela, ha tenido diferentes momentos, escenarios y decisiones, el mas reciente tiene que ver con un pacto de cumplimiento que podría resultar clave para resolver este asunto. Se trata de un pacto de equilibrio de derechos o en otras palabras un formula de solución que atienda tanto la parte colectiva como los derechos en si de los compradores y constructores de este proyecto.
La orden fue impartida por la jueza 11 administrativa del circuito de Cartagena, en una audiencia de conciliación que se convocó el pasado 30 de noviembre con el fin de resolver la acción popular que interpuso el ministerio de cultura contra el Distrito y Aquarela. La acción fue interpuesta en octubre de 2017 y en diciembre de ese mismo año terminó en una medida cautelar que dio por suspendidas las obras.
Juan Manuel Gonzales, abogado del proyecto, sustento los derechos adquiridos por la constructora con el debido licenciamiento y la vigencia de licencias, por lo cual planteo la posibilidad de un acuerdo que atienda los derechos de todas las partes involucradas. Así las cosas, la jueza acogió la iniciativa de la constructora, y ordeno a Mincultura liderar y convocar al distrito, la procuraduría general de la nación, el curador urbano, el Instituto de patrimonio y cultura de Cartagena (IPCC), la promotora calle 47 SAS y demás entes en el caso para reuniones donde se logre este pacto.
Pero para Gilma Úsuga, vocera de Promotora Calle 47 SAS, es necesario sellar cuanto antes el sellamiento de obras “Para nosotros es una necesidad dar una solución. De 942 familias que depositaron dinero en la fiduciaria, 404 han firmado promesas de compraventa y 265 han desistido del proyecto. Para nosotros defender esos derechos necesitamos llegar a una solución pronta con el Ministerio de Cultura, necesitamos llegar al acuerdo de pacto de cumplimiento que ordenó la jueza; estamos esperando la citación de las mesas”.
