La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha denunciado la desaparición de nueve personas en la última semana en el convulso departamento de Arauca, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela.
La institución ha condenado enérgicamente estas desapariciones y ha exigido la liberación inmediata de todas las personas desaparecidas. Según información proporcionada, entre los desaparecidos se encuentran dos mujeres y cuatro menores de edad, incluido un niño con condición autista.
Durante el período comprendido entre enero y junio de 2023, la oficina de la ONU ha recibido informes sobre 74 asesinatos de civiles en el departamento de Arauca. En medio de este contexto, muchas personas sienten miedo y zozobra, y lo que realmente desean es paz y respeto por sus derechos.
Ante esta situación, la institución ha hecho un llamado a los actores armados no estatales para que respeten a la población civil y a aquellos que no participan en las hostilidades, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario y en respuesta al compromiso de paz que han asumido.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia enfatizó que no puede haber paz sin respeto y garantía de los derechos humanos.
Este llamado se produce después de que se conociera el secuestro de la sargento Ghislaine Ramírez y sus dos hijos menores por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un día antes del inicio del cese al fuego bilateral acordado con el Gobierno.
Arauca es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, con una fuerte presencia del ELN y de disidencias de las FARC, quienes se disputan el control del territorio.
La semana pasada, el Ejército informó sobre la muerte de seis miembros del ELN en una operación militar realizada horas después de que el comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias «Antonio García», asegurara que existía un plan para boicotear el cese al fuego bilateral negociado con el Gobierno. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, negó la existencia de dicho plan y afirmó que la operación militar era cumplimiento del deber de las fuerzas militares.
