La respuesta a Nicaragua tras las cuestionadas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega fue reelecto generó división el pasado jueves en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ocho países impulsan un proyecto de resolución de condena y otros instaron a no entrometerse en asuntos internos.

El proyecto de resolución es promovido por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda y pide al Consejo Permanente del organismo que haga «una evaluación colectiva inmediata (…) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas».

La Carta Democrática Interamericana describe las consecuencias para los gobiernos de la región que no respeten los derechos humanos y “tenemos que respetar esta Carta”, insistió en su discurso el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.

Según el artículo 21 de esta carta se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no ha dado resultado para resolver el problema.

Costa Rica fue uno de los países más combativos en las deliberaciones, que se realizan en forma virtual. La sesión continuará este viernes, cuando se clausure la asamblea general y podría adoptarse el proyecto de resolución.

Canadá, instó a la OEA a dejar de «seguir mirando» y «pasar a la acción», refiriéndose al proyecto de resolución.

Por su parte, Nicaragua solicitó varias veces el derecho de réplica para afirmar que las elecciones fueron «libres» y pedir «respeto». El representante de Nicaragua, Michael Campbell, arremetió contra la OEA, a la que acusó de ser «un decadente ministerio de colonias».

No fue el único país en señalar a la OEA de interferir en los asuntos internos. También lo hicieron Argentina, que no consideró válido «el recurso a sanciones», Bolivia y México, cuyo gobierno asegura que el organismo hemisférico incumple con los fines para los que fue creado.