Este fin de semana, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, reconocido por su postura crítica frente al régimen sandinista, fue desterrado al Vaticano después de pasar más de 500 días bajo arresto domiciliario y en prisión. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo enviaron a Álvarez y a otros 17 religiosos, incluyendo al obispo Isidoro Mora, 13 sacerdotes y 3 seminaristas, a la Santa Sede.

Álvarez, de 57 años, enfrentó una condena en febrero de 2022, después de seis meses de arresto domiciliario, y posteriormente recibió una sentencia de 26 años de prisión por «traición a la patria» y otros delitos en febrero de 2023. Antes de su encarcelamiento, se negó a abandonar Nicaragua junto a más de 200 opositores expulsados a Estados Unidos por supuesta «traición a la patria».

El obispo, líder de la diócesis de Matagalpa, se destacó como una voz crítica en medio de la situación política y social en Nicaragua. A través de sus homilías, denunció abusos contra los derechos humanos y abordó cuestiones como los derechos de los campesinos y las acciones de la Policía Nacional de Nicaragua.

A lo largo de su carrera, Álvarez fue blanco de agresiones y acoso por parte del gobierno y de la militancia sandinista. Su negativa a abandonar Nicaragua, incluso después de la orden del Papa Francisco en 2019 por razones de seguridad, evidencia su firmeza en la defensa de los derechos y la justicia.

El obispo también se destacó por su cercanía a la ciudadanía, utilizando medios como WhatsApp para orientar a sus feligreses y realizando gestos como predicar en autobuses. Su destierro al Vaticano representa un capítulo más en la difícil relación entre la Iglesia católica y el gobierno nicaragüense, que ha sido objeto de críticas por violaciones a los derechos religiosos y humanos.