El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy y el expresidente de Colombia Álvaro Uribe participarán en Quito en una conferencia enfocada en estrategias y soluciones ante desafíos de seguridad nacional y crisis económicas, a propósito de la situación que atraviesa el país andino, en recesión económica y bajo el impacto de la violencia del crimen organizado.

La conferencia, titulada ‘Impacta País’, se celebrará en la capital ecuatoriana el próximo 21 de noviembre, organizada por la Asociación de Exportadores del Banano Ecuatoriano (AEBE), uno de los sectores más afectados por la actividad de las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico y a la extorsión.

El gremio bananero representa más del 70 % de las exportaciones de Ecuador, primer exportador mundial de este fruto, cuyos envíos al exterior superaron en 2023 los 3.500 millones de dólares, destinados principalmente a la Unión Europea (UE), Rusia, Oriente Medio y Estados Unidos.

Rajoy fue ministro de Interior mientras todavía se encontraba activa la banda terrorista ETA y asumió la Presidencia del Gobierno (2011-2018) en un periodo económicamente complicado tras la crisis de 2008.

Uribe por su parte fue mandatario de Colombia en dos periodos consecutivos (2002-2010) donde emprendió una fuerte lucha contra guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en un proceso no exento de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y uso de fuerzas paramilitares.

Ecuador se convirtió en el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la extracción ilegal de minerales.

Desde inicios de año, el presidente de Ecudor, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones. EFE