Son cerca de 5.000 mujeres consideradas cabeza de familia las que podrían quedar en libertad, las condenadas a penas de prisión iguales o inferiores a ocho años, empezarían un proceso para quedar en libertad cumpliendo ciertos requisitos, principalmente de servicio social o un trabajo comunitario como medio para sustituir su condena.

El Ministerio de Justicia asegura que en las cárceles de Colombia hay un poco más de 17.000 mujeres. Entre las cuales 7.800 han sido condenadas, y el resto espera a que sus procesos avancen en un sistema judicial nacional caracterizado por ser muy lento, algo perjudicial para todas aquellas mujeres imputadas en muchos de los casos de manera injusta.

Esta nueva ley como eje principal busca una “resocialización” y brindar una “garantía de los derechos humanos” donde las condenadas puedan obtener disminuciones significativas en sus penas por delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles, u otros delitos.

 Actualmente el Gobierno ya tiene a disposición 2.500 cupos para este nuevo proyecto de resocialización y disminución de condenas, gracias a convenios con entidades del Estado, empresas y ONG. Los acuerdos con las privadas de la libertad consistirán principalmente en que 5 horas de trabajo les permitirá reducir una semana de su condena, ya sea por hacer labor social, con el estado o alguna ONG, con un máximo de 20 horas a la semana, y el resto del tiempo lo pueden utilizar trabajando en lo que quieran para beneficio de sus familias.