El decreto establece que la medida tiene un plazo de seis meses. De acuerdo a los avances respecto al COVID-19, se podrían realizar prórrogas. Cuando haya transcurrido dicho periodo, el condenado deberá presentarse directamente en el establecimiento penitenciario en el que se encontraba, antes de ser beneficiado por la medida.

«Elaborarán una lista que enviarán con la cartilla biográfica y los certificados médicos a la oficina o el centro de servicios judiciales para que allí se analice el reparto ante los jueces de control de garantías». afirmó Stewin Arteaga, Magister en Derecho Constitucional.

Dentro de este proceso judicial, no habrá audiencias presenciales y todo será por medios electrónicos. Las implicaciones sociales, es lo que más preocupa a la ciudadanía en general.

«Hay que aclarar que lo que de busca es mitigar la propagación del coronavirus. A estas personas no se les está concediendo libertad a estas personas no se les está concediendo vacaciones, van a seguir cumpliendo sus penas, desde sus casas», explicó Arteaga.

Sin embargo, otros expertos en derecho, consideran que el Gobierno, no atendió la petición de los penalistas.

«Esto es un asunto netamente humanitario que no ha sabido ser interpretado ni por el gobierno nacional y lo han hecho por populismo punitivo por mandarle un mensaje a la sociedad que ellos no van a beneficiar a condenados». exclamó Miguel Del Río, abogado penalista.

Será entonces la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de Nación, quienes identificarán los casos en que aplique la medida.