La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible junto al Instituto Berg realizó un estudio que cuantifica el impacto de este sector en la economía nacional en materia de valores agregados, empleos y contribución tributaria. El documento tiene como propósito medir de manera cuantitativa el aporte del sector automotor a la economía colombiana y dar insumos para enriquecer las discusiones que sirvan para construir una política pública alineada con el desarrollo social del país.

De acuerdo con los principales resultados del estudio, el sector automotor colombiano aporta alrededor de 160 billones de pesos en valores agregados encadenados, equivalente al 17% del PIB para el año 2017.  El 25% del aporte proviene de la remuneración al trabajo, 52% de la remuneración del capital y 22% por concepto de impuestos.

Es de destacar que el aporte de valor agregado encadenado de impuestos directos e indirectos del sector fue de 35.5 billones de pesos, lo que representa un 14,5% del Presupuesto General de la Nación aprobado para ese mismo año.

Asimismo, la actividad encadenada de comercio y fabricación de vehículos representa una importante fuente de empleo, generando en toda su cadena productiva 434.000 plazas derivadas del ejercicio de encadenamiento de las actividades del comercio y manufactura de vehículos.

Además, el estudio identificó que, por cada peso de producción bruta en el sector automotor, se generan 1,74 pesos en valor agregado para la economía por efecto de los multiplicadores a través de los encadenamientos.

El ejercicio realizado identifica el impacto del valor agregado de las actividades encadenadas del comercio y ensamblaje de vehículos y motocicletas, la producción y comercialización de autopartes y actividades relacionadas que giran alrededor de la economía de los vehículos como son el mantenimiento y reparación, el consumo de combustibles, los seguros, peajes, el servicio de transporte de carga y pasajeros y apoyo al transporte terrestre.

“El sector automotor en Colombia es determinante para la estabilidad económica y social del país y las cifras presentadas abren una discusión que merece un análisis cuidadoso de costos y beneficios sociales y económicos asociados a la movilidad, así como rigurosidad científica para la correcta toma de decisiones” manifestó Oliverio Enrique García Basurto, presidente de ANDEMOS.

Por su parte, las cifras del estudio indican que mientras el promedio de vehículos por cada mil habitantes del mundo es de 435,6 en Colombia registra una de las tasas más bajas de los países OECD con 126,5.

Según ANDEMOS, la edad promedio de la flota vehicular que circula en el territorio colombiano pasó de 15,7 años en el 2015 a 17.2 años a cierre de 2020, es decir, la flota vehicular del país además de ser pequeña es obsoleta.  Esto explica porque Colombia registra los índices de motorización más bajos en los países OECD, pues la vida útil de los vehículos en Colombia es muy larga por cuenta de los estímulos que reciben los vehículos viejos.

“Muchos países incentivan la renovación vehicular porque ven una oportunidad para dinamizar las economías en términos de productividad, recaudo y empleo. Un parque automotor más eficiente y sostenible reduce el tiempo de desplazamiento, disminuye el costo en salud pública ocasionado por las emisiones contaminantes y la accidentalidad, y contribuye a la competitividad del país” indicó García.

Una de las conclusiones emitidas por ANDEMOS hace referencia a la importancia estratégica de apostarle a la transición energética y la necesidad de robustecer las acciones para consolidar al país como un referente mundial en transición energética mejorando la calidad del combustible fósil, desarrollando programas de mezclas voluntarias de biocombustibles, ampliar la política de incentivos a vehículos híbridos y eléctricos para nuevos segmentos, y desplegar una red de carga a nivel urbano y en los principales corredores del país.

Clara Escobar, presidente de AFIC indicó “los establecimientos y entidades de crédito especializadas en la financiación de vehículos son actores de especial relevancia en el encadenamiento del sector. A octubre de 2021, el saldo bruto de la cartera de vehículos de consumo incluyendo leasing asciende a la suma de $20 billones con una cartera al día del 93.68%. En 2021 se constituyeron 215.753 prendas para efectos de garantizar los créditos de vehículos, registrándose un aumento del 29.7% frente a 2020.”

Carlos Andrés Pineda, presidente ejecutivo Nacional de ASOPARTES añadió “estas cifras reflejan no solo la importancia de este sector para la dinamización de la economía nacional, sino también la creciente preferencia de los colombianos por adquirir su propio medio de transporte”.

José Yesid Rodriguez presidente ejecutivo de ADITT, resaltó que el transporte intermunicipal es clave en el desarrollo social del país, dado que genera a 2.5 billones en la venta de tiquetes, en este sentido Ana María Zambrano, gerente de La Terminal de Transporte de Bogotá, complementó refiriéndose que las principales razones por las cuales se movilizan los ciudadanos entre municipios, que son  17% por trabajo, 19% turismo y 50% encuentros familiares.

Los dos coincidieron en la necesidad de contar con recursos del estado para programas de reposición de la flota vehicular de pasajeros que puedan brindar un mejor servicio y mejores estándares de seguridad vial.

Por su parte John Freddy Suarez de Cesvi resaltó el aporte de 22.5 billones de pesos en valores agregados encadenados que representa la actividad de mantenimiento y reparación de vehículos y destaco que en el caso de Bogotá el número de establecimientos dedicados a la reparación de vehículos supera los 800 talleres que se ven afectados con las medidas de restricción a la circulación.

Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, resaltó el papel del transporte logístico como el que encadena todas las actividades económicas del país.

Los gremios coincidieron en la necesidad de trabajar unidos para buscar soluciones integrales a los retos de movilidad intermunicipal y urbana que tiene en el país.

ANDEMOS hace una invitación a los gobernantes del país, a los candidatos a la Presidencia, al Congreso de la República y sus equipos de trabajo, para discutir las políticas públicas que requiere el país para mejorar la movilidad.