La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió conceder, por primera vez, la libertad condicional a un capitán retirado del Ejército colombiano que no ha cumplido 5 años en prisión tras ser condenado por la justicia ordinaria por ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes (conocidas como «falsos positivos»).
La decisión tomada por este tribunal surgido del acuerdo de paz para juzgar crímenes de lesa humanidad se tomó por el «aporte temprano a la verdad» y la «aceptación de responsabilidad» que ha realizado el capitán retirado Juan Carlos Dueñas, que está procesado por homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.Ad
emás la decisión se dicta a pesar de que Dueñas no ha cumplido los cinco años de reclusión que se pide a los militares para ser sometidos a la JEP, pero la Jurisdicción decidió tomar esta medida por primera vez para que sirva «de estímulo a los demás comparecientes de la JEP para brindar aportes tempranos a la verdad y así aprovechar las ventajas de colaborar con la justicia restaurativa».
Al someterse a la JEP, el militar tendrá que contribuir en el proceso de aporte de verdad y de reconocimiento de los hechos que ha cometido como miembro de la fuerza pública, sobre todo el caso 03 sobre «falsos positivos», y tras lo cual esta Jurisdicción adoptará contra él las penas que considere oportunas y que podrían ser no privativas de libertad en centro carcelario, sino de reparación.
«Este tipo de decisiones busca alentar a los comparecientes para que, desde instancias tempranas, suministren verdad plena sobre los hechos relacionados con el conflicto armado en favor de las víctimas y la sociedad, a cambio de beneficios que les garantiza el ejercicio de su libertad», consideró la JEP este martes en un comunicado.
El excapitán está acusado de haber firmado un acuerdo con un grupo paramilitar cuando estaba encargado de un escuadrón en Barbacoas (Nariño, suroeste), que era quien realizaba las ejecuciones para luego ponerles ropa de guerrilleros y armas y presentarlas como bajas en combate.
Ese era el modus operandi de los conocidos popularmente como «falsos positivos» en el que militares realizaban estas ejecuciones de civiles para inflar las cifras de lucha contra la guerrilla y conseguir premios y beneficios, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Estos crímenes de lesa humanidad son estudiados por la JEP en el Caso 03 y esta instancia judicial ya ha imputado a 26 personas, entre las que se encuentra un general retirado, dos coroneles y otros 22 militares y un civil, de los cuales 22 han reconocido crímenes.
La JEP, en los dos autos de imputación emitidos hasta el momento, subrayó que existieron «patrones de macrocriminalidad» en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de «muertes en combate» y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.
En febrero de 2021, la JEP elevó a 6.402 las personas que «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008».
El tribunal no impone penas privativas de la libertad en centro carcelario si hay reconocimiento de la autoría de crímenes, sino penas centradas en la reparación a las víctimas, pero en caso de que no haya reconocimiento, los responsables pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.
EFE
