La Corte Constitucional se encuentra a punto de tumbar la ley de paz total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. En una ponencia elaborada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se advierte que la norma presentó vicios de trámite, entre ellos la falta de consulta previa al Consejo de Política Criminal. Aunque aún falta la votación final, fuentes del alto tribunal indican que la ponencia solicita la invalidación de la ley.

La ley en cuestión es la 2272 de 2022, la cual Petro implementó al inicio de su administración para facilitar el diálogo con grupos ilegales como el Clan del Golfo y las narcobandas presentes en el Valle de Aburrá. Sin embargo, el análisis jurídico realizado por el magistrado Ibáñez señala que esta norma no cumplió con los requisitos necesarios durante su trámite legislativo.

El análisis de la ley de Petro surgió a raíz de una demanda de constitucionalidad presentada por Javier Pava Quiceno, quien argumentó que varios puntos de la norma violan la Carta Política de 1991. Aunque Ibáñez había solicitado previamente la suspensión de ciertos apartados de la ley, esta petición fue denegada. Sin embargo, sentó un precedente de que la Corte sí tiene la facultad de suspender la entrada en vigencia de una norma mientras la estudia.

El Ministerio Público también se pronunció en contra de la ley, argumentando que no se contó con el concepto del Consejo de Política Criminal y que varios congresistas solicitaron la suspensión de las deliberaciones hasta recibir dicho dictamen. Por otro lado, el Gobierno presentó documentos respaldando la constitucionalidad de la norma y argumentando que incluso narcodisidencias como la de Iván Márquez podrían tener reconocimiento político.

En caso de que la tesis del magistrado Ibáñez prospere y la ley sea invalidada, el presidente Petro sufriría un duro golpe en su administración, ya que perdería el respaldo jurídico para buscar acercamientos con grupos ilegales.

La votación de la ponencia podría realizarse en los próximos días, y se requeriría el apoyo de al menos cinco de los nueve magistrados de la Corte Constitucional para que sea aprobada. El fallo final determinará el futuro de la ley de paz total y sus implicaciones para la política de reconciliación del Gobierno de Petro.