La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó asumir de forma preferente las investigaciones contra Salvatore Mancuso y definir de manera exclusiva si concede la libertad al exjefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), deportado el pasado mes a Bogotá desde EE.UU.

La JEP respondió a la apelación de Mancuso, que lo acogía pero solo de forma parcial, asumiendo de forma preferente sus casos y ordenando que sea esta justicia la que decida «sobre el estatus libertatis del señor Salvatore Mancuso Gómez y sobre los beneficios transicionales provisionales».

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP es la «única autoridad» que debe resolver sobre la libertad (estatus libertatis) del señor Salvatore Mancuso Gómez, sobre los beneficios transicionales provisionales que solicite y sobre el ejercicio de la vigilancia del régimen de condicionalidad al que debe someterse», explicó la presidenta de la Sala de Apelaciones de la JEP, Patricia Linares.

«Esta decisión no está aceptando a Salvatore Mancuso en la JEP, esa decisión ya se había adoptado en el año 2023 (…) donde se dejó muy en claro que era una especial situación de un jefe paramilitar que cumplió una función muy específica durante el conflicto, básicamente estar en el vértice de su organización paramilitar y servir de conexión con la fuerza pública en todo lo que es el diseño, ejecución, planeación de los más graves crímenes que se han cometido en el conflicto», especificó el magistrado Rodolfo Arango.

También estimó: «En materia de las conductas cometidas por Mancuso en ese periodo de tiempo, de 1989 al 2004, son de competencia exclusiva de la JEP en cabeza de la subsección especial de la Sala de Definición. La Sala de Definición en este instante del proceso debe resolver sobre su libertad».

Mancuso fue deportado el pasado 27 de febrero a Colombia desde Estados Unidos donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico y desde entonces está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, ya que en Colombia es investigado por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de covid-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.

La JEP determinó primero que era Justicia y Paz quien debería resolver la situación de Mancuso y el pasado 13 de marzo un tribunal de esta jurisdicción decidió denegar la libertad al exjefe paramilitar, quien fue denominado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como «gestor de paz» para interceder con el Clan del Golfo, heredero de las AUC.

Sin embargo, la JEP, al resolver la apelación interpuesta por el abogado de Mancuso, se atribuye la decisión sobre su libertad, aunque las decisiones tomadas antes por Justicia y Paz respecto a las cuentas que tiene pendiente «quedan en firme y son válidas», estimó el magistrado. EFE