Un juez guatemalteco, sancionado por Estados Unidos, sentenció este lunes a dos años y medio de cárcel a un funcionario electoral por el supuesto caso de las firmas falsas utilizadas para la conformación del Movimiento Semilla, el partido del presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León.
Según diversos expertos y el mismo Arévalo de León, este caso de las presuntas firmas falsas se enmarca en los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por evitar que el presidente electo tome posesión el próximo 14 de enero.
La sentencia, ordenada por el juez penal Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos este año con el retiro de su visa bajo acusaciones de corrupción, fue en contra de un funcionario del Tribunal Supremo Electoral, no identificado, informó un comunicado de la Fiscalía.
El «sentenciado aceptó su responsabilidad en la comisión de los delitos», y la pena otorgada es de dos años y seis meses de prisión, dijo el Ministerio Público, aunque en Guatemala las sentencias de cárcel pueden ser conmutables si son menores de cinco años.
Por este mismo caso que lleva el juez Orellana está acusado Arévalo de León, quien goza de inmunidad tanto por su actual puesto como diputado como también por la elección presidencial ganada.
Desde el 12 de julio pasado, tras el sorpresivo segundo lugar de Arévalo de León en la primera vuelta electoral, el Ministerio Público ha intentado de diversas maneras revertir los resultados electorales.
Su último intento fue el pasado 8 de diciembre, cuando su cúpula indicó en rueda de prensa que las elecciones deben ser anuladas por irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
De acuerdo a varios analistas políticos y otras fuentes, la estrategia utilizada en el caso de la presuntas firmas falsas es similar a la que la Fiscalía usó al acusar al periodista José Rubén Zamora Marroquín en 2022, con la persecución penal de sus abogados, a quienes se les intentó obligar a declarar en contra de su cliente.
El 1 de septiembre pasado, Arévalo de León advirtió que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura en enero.
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el pasado 8 de diciembre nuevamente las acciones de la Fiscalía, a las que esta vez catalogó como «intento de golpe de Estado».
Arévalo de León, académico de 65 años, llegará al poder con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción.
