La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha negado la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Esta decisión se fundamenta en la existencia de un conflicto de competencias que actualmente está siendo estudiado por la Corte Constitucional.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP explicó que no puede conceder la solicitud debido a que la comparecencia de Mancuso ante este tribunal está siendo cuestionada por un conflicto de naturaleza constitucional sobre qué jurisdicción debe conocer el caso.

Adicionalmente, la JEP aplazó su pronunciamiento sobre el nombramiento de Mancuso como «gestor de paz», designación realizada por el gobierno de Gustavo Petro en el marco del proyecto de Paz Total. Este asunto está siendo revisado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El caso de Mancuso se encuentra en un limbo jurídico, con un conflicto de competencias entre la JEP y el tribunal de Justicia y Paz. Este último elevó una consulta para determinar quién tiene la potestad para resolver las solicitudes de libertad del exparamilitar.

Actualmente, Mancuso se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde su deportación de Estados Unidos el 27 de febrero, tras cumplir una condena de 17 años por narcotráfico. Su defensa argumenta que su privación de libertad es injusta, considerando el tiempo ya cumplido en prisión antes y después de su extradición.

Por su parte, la Procuraduría General ha señalado que Mancuso no ha cumplido completamente con sus compromisos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

La situación legal de Salvatore Mancuso sigue siendo compleja, con múltiples instancias judiciales involucradas y pendiente de resoluciones que definan su futuro jurídico y su papel en los procesos de paz en Colombia.