La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigar al magistrado Jorge Eliécer Mola Capera y al conjuez Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, ambos pertenecientes a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por las actuaciones que condujeron a proferir una sentencia de tutela que ordenó devolver a los dueños de la firma Ambuq EPS-S, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, la operación de esa aseguradora del régimen subsidiado y todos los afiliados que ya habían sido trasladados a otras entidades, poniendo en riesgo sus derechos fundamentales a la vida y la salud.

En la solicitud, realizada por la Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, se argumentó que “la decisión adoptada en la sentencia de tutela con ponencia del Magistrado Mola Capera fue producto de una situación de fraude, “fraus omnia corrumpit”, y que el juez tiene el deber de prevenir, remediar y sancionar (…) los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”.

Irregularidades evidentes

El caso de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq- EPS-S, comenzó el pasado 9 de febrero cuando la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención administrativa forzosa con el fin de liquidarla, luego de establecer que incumplía con sus compromisos de prestación de servicios de salud y administración de los recursos públicos.

También incumplía con las metas de vacunación para niños menores de un año; el incremento en las tasas de mortalidad de menores de cinco años por desnutrición, enfermedad diarreica e infecciones respiratorias era imparable, así como el crecimiento de la tasa de nacimientos de niños con sífilis congénita y el aumento incontrolado de la tasa de mortalidad de mujeres a 42 días del parto, entre otras.

La EPS ya había sido objeto de múltiples sanciones administrativas por incumplimiento a centenares de fallos de tutela y las pérdidas acumuladas superaban los $ 312 mil millones.

El contraataque de los abogados de Ambuq fue desatar una cascada de tutelas interpuestas por sus trabajadores y accionistas contra la decisión de la Supersalud. Aunque la mayoría de ellas fueron desestimadas, tomando en cuenta los argumentos expuestos por la Superintendencia, uno de los procesos fue fallado a favor en segunda instancia, con ponencia positiva del magistrado Jorge Eliécer Mola Capera y el conjuez Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, que ordenó suspender en menos de 48 horas la intervención y revertir todas las medidas, decisiones y actuaciones realizadas hasta ese momento, además del regreso de los afiliados, que ya habían sido reasignados a otras prestadoras de servicio por el ministerio de Salud.

El fallo encendió las alarmas de la Superintendencia, que, con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la Salud, impugnó la decisión con una nueva acción de tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que solicitó amparar los derechos fundamentales a la salud y la vida de los usuarios y argumentó la Cosa Juzgada Fraudulenta como causal de procedibilidad de la tutela contra tutela.