La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, presentó el informe sobre violencia sexual de niños, niñas y adolescentes al Congreso, el documento comprende la implementación de la Ley 1146 de 2007, en el que se explicó que el Ministerio de Salud expedirá un decreto para adoptar un mecanismo articulador que aglomere instancias de coordinación a nivel nacional y territorial, y establezca metas conjuntas.

Ante la Comisión VII del Senado, Pungiluppi informó que el año pasado la Entidad abrió 11.885 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), por este delito en todo el país. Esta cifra es inferior al número de casos reportados por el Instituto de Medicina Legal, que registró 20.676 exámenes médicos para judicialización por este delito.

«Debemos fortalecer esfuerzos de articulación. Estamos prestos a activar las rutas de atención cuando Medicina Legal nos informe los casos y brindaremos toda la colaboración a la Fiscalía en sus funciones de judicialización», agregó.

La Directora reiteró que el país debe tener un sistema donde se haga un estricto seguimiento a los casos y donde las diferentes entidades relacionadas enfoquen sus atenciones. Por otra parte, el mecanismo articulador que reglamentará en los próximos meses el Ministerio de Salud tendrá en cuenta cuatro líneas estratégicas, entre ellas, prevención, acceso a la justicia, atención y sistemas de información.

Finalmente Pungiluppi manifestó que además del financiamiento de los programas para la prevención y la atención a víctimas de este delito, existe un fondo que canaliza recursos provenientes de multas que impone el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el alquiler de películas para adultos (clasificación X) y de un impuesto de un dólar a los extranjeros que visitan al país, recursos destinados para fortalecer la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

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