El congreso de Honduras aprobó una ley que blinda la prohibición del aborto y del matrimonio homosexual, endureciendo las condiciones para reformar la Constitución en esos dos puntos.
Anteriormente se requería el apoyo de dos tercios del congreso hondureño para legalizar el aborto o el matrimonio homosexual. Una vez aprobada esta reforma se necesitará el voto de tres cuartas partes de la cámara.
El vicepresidente del congreso, Mario Pérez, que introdujo este proyecto de ley, define el texto como un candado constitucional. Pérez es miembro del oficialista Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández.
Con esta reforma, “lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos” de los 128 que tiene el Congreso, dijo la diputada opositora, Doris Gutiérrez.
Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigirle al Congreso que permitiera el aborto en algunos casos, como en violaciones. El pasado martes, expertas en derechos humano de Naciones Unidas condenaron desde Ginebra la reforma, asegurando que «bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y niñas en Honduras».
El aborto ha estado prohibido en Honduras en la Constitución vigente, desde 1982. El artículo 67 recientemente modificado establecía que «al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley».
Honduras tiene una de las legislaciones antiaborto más duras del mundo. No se contempla ninguna excepción, ni en caso de violación, malformación o de riesgo para la vida de la mujer embarazada. Se prevén penas de prisión de hasta seis años para quien interrumpa voluntariamente su embarazo, aunque los jueces suelen permutarlas por multas o trabajo comunitario.
Según la ONU, Honduras tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina: uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años.
Con esta ley Honduras entra en el reducido grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que completan El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.