Con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la Política Pública de Víctimas en todos los territorios del país, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior, viene desarrollando la estrategia ‘Nuevos mandatarios y Cierre de Gobiernos’, la cual busca que, en los procesos de empalme, y en la formulación de los nuevos planes de desarrollo de los mandatarios electos período 2020 – 2024, se incluyan acciones puntuales para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
Dicha estrategia, está estructurada bajo los parámetros de cuatro fases de trabajo, de acuerdo con el calendario electoral y los tiempos de planeación y cambio de gobierno a nivel territorial, entre las que se determina que, hasta el 31 de octubre de 2019, los entes territoriales del nivel municipal y departamental tendrán plazo para hacer entrega de sus informes de gestión y cierre de gobiernos 2016-2019, que serán de insumo fundamental para sus rendiciones de cuentas, como para sus próximos procesos de empalme.
Fases de la estrategia Nuevos Mandatorios y Cierre de Gobiernos:
- Precandidatura: Incorporación de la Política Pública de Víctimas en los Programas de Gobierno. (Feb 28 – Jun 27).
- Alistamiento Transición: Apoyo técnico para la elaboración de los informes de gestión de la Política Pública de Víctimas 2016 – 2019. (Jul 28 – Oct 31).
- Mandatarios electos: Acompañamiento técnico en el ejercicio de empalme con los nuevos mandatarios. (Ene – May 2020).
- Planes de Desarrollo: Orientaciones para la incorporación. (Jun – Ago 2020)
Desde la Dirección Territorial Atlántico, la Unidad para las Víctimas asistió entre septiembre y octubre, a través de cinco jornadas técnicas de asesoría y acompañamiento, a enlaces y secretarios de Gobierno de 18 alcaldías municipales, Distrito de Barranquilla y Gobernación del departamento, con todos los componentes de política pública para víctimas desarrollados en los planes de acción territorial 2016 – 2019, y la ejecución presupuestal para dicho cuatrienio en la atención, asistencia y reparación a las más de 175.400 víctimas del conflicto que residen en Atlántico.
Sin embargo, la entidad hace un llamado a aquellas alcaldías que no participaron de las jornadas de asistencia técnica y no muestran avances en la elaboración de sus informes de gestión, desconociendo lo pactado en la Ley 951 de 2005, auto 383 de 2010 de la Corte Constitucional, y la directiva 009 de 2019 del procurador General de la Nación, que dicta la obligatoriedad de entrega de informes de gestión y cierres de gobierno, así como la inclusión de un capítulo especial sobre el avance en la implementación de la Política Pública de Víctimas y la situación de desplazamiento forzado en los territorios.
“Dada la coyuntura del país, la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas es fundamental para recomponer el tejido social, avanzar en el desarrollo y en la construcción de la paz y la reconciliación”, afirmó Alfredo Palencia, Director Territorial de la entidad en Atlántico.
Para los nuevos y electos mandatarios territoriales, la definición de compromisos en este tema no solo es producto de una obligación legal, sino que también les permitirá generar dinámicas de desarrollo, así como potenciar la inversión de recursos pertenecientes a los demás niveles de Gobierno en su región que beneficiará directamente a la población víctima y la calidad de vida de todos los habitantes.
