La Organización de Estados Americanos (OEA) avanzó un paso más en su censura contra el gobierno revolucionario de Daniel Ortega, sólo 24 horas más tarde de que por mayoría desconociera el nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro y exigiera la celebración de elecciones libres.

Al caudillo sandinista no le fue mejor en la sesión extraordinaria de este viernes. “En Nicaragua se llevó a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la sociedad civil que de acuerdo con el derecho internacional debe considerarse crímenes de lesa humanidad por la cantidad de víctimas que estos actos han cobrado”, comunicó Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según este organismo, fuerzas policiales y parapoliciales causaron al menos 300 muertes durante la represión, además de cientos de detenidos, incluidos periodistas, luchadores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.

“De esta forma, se completó un paso más “apreciación colectiva” en dirección a la aplicación de la Carta Democrática (primer paso para la expulsión de un país de la OEA) por alteración del orden democrático y constitucional contra el gobierno nicaragüense que se ha marcado como objetivo”, dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La nueva resolución de la organización panamericana contra Ortega sucede a las pocas horas de otro torpedo contra su línea de flotación, pero disparado desde dentro. Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), renunció de forma irrevocable a su privilegiada posición para sorpresa del país. El juez, siempre cercano al matrimonio presidencial, acusó a Ortega y a su mujer, Rosario Murillo, de convertir al Gobierno en una “dictadura monárquica con dos reyes” que se mantiene en el poder tras imponer un “estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra. Ya no existe derecho alguno que se respete”.

La trascendencia de la dimisión de Solís tras una década en la cima del poder va más allá de sus revelaciones. Se trata del primer dirigente sandinista o funcionario de peso que se desliga de la cúpula revolucionaria tras nueve meses de crisis política y represión desmedida.

El ya ex magistrado confesó que, al igual que ocurre en Venezuela, las directrices del CSJ se marcan desde las oficinas de la pareja presidencial.

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