La fuerza pública seguirá combatiendo las actividades ilegales de grupos armados, como el secuestro, la extorsión o el narcotráfico, cuando entre en vigor el cese al fuego bilateral pactado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el próximo 3 de agosto.

Así lo afirmó este martes el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, quien aseguró que «las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán reprimiendo todos los delitos cometidos por esta y por organizaciones que no estén en cese o que estén en cese como la Segunda Marquetalia y las Autodefensas de la Sierra Nevada».

El pasado viernes, en el cierre del tercer ciclo de diálogos entre el ELN y el Gobierno en La Habana, las partes anunciaron un cese al fuego bilateral nacional de 180 días que empezará el 3 de agosto.

Antes de esa fecha hay un «proceso de alistamiento» hasta que el decreto de cese al fuego se firme, agregó el ministro.

«Mientras no haya un cese al fuego en vigor -y esto se produce en el momento que el presidente expide un decreto que señala el día y la hora precisas- las operaciones ofensivas, toda la actividad de la fuerza pública con todas sus capacidades, continúa desplegándose», dijo Velásquez.

PREPARATIVOS PARA EL CESE AL FUEGO

Estos dos meses hasta el 3 de agosto se usaran para hacer «pedagogía» de lo que será el cese al fuego y también para poner en funcionamiento del mecanismo de monitoreo, que correrá a cargo de la ONU, además de para que las partes, cuyos equipos aún siguen en La Habana, redacten los protocolos adicionales.

Del 6 de julio al 3 de agosto, explicó hoy el comandante de las Fuerzas Militares, general Hélder Fernán Giraldo, será la transición hacia este cese al fuego donde «se determinan las acciones delictivas del ELN y ofensivas de las Fuerzas Militares».

También se espera que haya intercambio de geolocalización y georreferenciación, es decir, de donde se encuentran los grupos del ELN, «con el fin de hacer un seguimiento y no afectar por parte nuestra al cese al fuego», afirmó Giraldo.

Luego durante el cese al fuego habrá, advirtió el general Giraldo, «actuación inmediata» ante cualquier vulneración y no cesarán las operaciones militares «ante delitos flagrantes y conductas punibles ante el Código Penal colombiano».

SECUESTROS Y EXTORSIONES

Esto porque el cese al fuego bilateral pactado tiene unas líneas claras, como que no se pueden «realizar acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH)» ni «ofensivas de ningún tipo por parte de las Fuerzas Militares», pero no están incluidas los delitos que le sirven a la guerrilla para su financiación.

El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, conocido como «Pablo Beltrán», explicó que esas acciones -como secuestros, extorsiones y cobro de «impuestos» en sus zonas de influencia- se debatieron en La Habana pero finalmente no fueron incluidos por no llegar a un acuerdo.

«Si a usted le quitan una cuchara, le tienen que dar otra», alegó Beltrán a los medios, a lo que hoy el ministro de Defensa informó que los posibles «beneficios económicos» que el Gobierno pueda dar a la guerrilla es un «asunto que aún se discute en las mesas» y que no se ha concretado.

Así que «por ahora», el ELN seguirá cobrando «impuestos» en las zonas que controla, mientras que respecto a los secuestros, Beltrán aseguró a medios: «Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán». EFE