La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que la subasta que realizará el Gobierno para elegir al nuevo operador de Electricaribe se aplazó hasta febrero del próximo año. La razón principal para cambiar la fecha sería la inexequibilidad de la ley de financiamiento.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, en las últimas dos semanas se ha estudiado el impacto que tendría dicha inexequibilidad y el trámite de la nueva ley de financiamiento ante el Congreso de la República frente a la subasta y se determinó que afectaría de manera negativa.

Por eso el Gobierno decidió que las subastas se llevarán a cabo el 26 y 28 de febrero de 2020. En la primera fecha se realizará la puja por el mercado completo y en la segunda fecha será por los mercados segmentados.

Asimismo, la Superservicios indicó que el nuevo cronograma contempla la presentación de ofertas hasta el 20 de febrero del próximo años.

Esta prórroga se aplica dentro del proceso de búsqueda de uno o más inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza la empresa Electricaribe en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre.

El Gobierno manifestó que seguirá apoyando a la compañía intervenida para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Por su parte, Electricaribe indicó que seguirá contratando y ejecutando su plan de inversiones por más de 800 mil millones de pesos.

Trabas en el proceso

Esta no es la primera vez que se aplazan las subastas para la búsqueda de nuevo operador para Electricaribe. En el proceso han existido varias trabas.

Inicialmente el cronograma de subastas indicaba que se llevarían a cabo en septiembre de este año. Sin embargo, en agosto, el Gobierno Nacional anunció que las pujas se aplazaría hasta diciembre. Se realizarían exactamente el 3, 6 y 12 de diciembre de 2019. El plazo máximo para presentar propuestas era el 25 de este mes.

En ese momento la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, explicó que las modificaciones respondían a las peticiones de las empresas oferentes. De acuerdo con la funcionaria, la principal razón por la que las empresas calificadas para el proceso solicitaron más tiempo, es porque el proceso de valoración de activos de la compañía requería un trabajo detallado.