Con una carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel santos, los gobernadores de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, le solicitaron al mandatario “abstenerse de suscribir” el decreto de la Línea Negra que redefine el territorio ancestral de los pueblos que están asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los mandatarios departamentales señalan en el documento que entienden y respetan los principios constitucionales adoptados para proteger a las minorías étnicas, pero existen consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de reglamentar los límites.
“El proyecto de decreto no ha sido socializado con el rigor que lo amerita, teniendo en cuenta la importancia y consecuencia que tendría en los departamentos anteriormente mencionados (Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira). Su alcance requiere un estudio profundo en razón a que afectaría planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, inversión privada y proyectos de impacto social en la región”, señala uno de los apartes de la misiva.
Los gobernadores hicieron énfasis en que, con el decreto, tal cual como está planteado, se condicionaría el ejercicio de la propiedad privada, derecho de rango constitucional a una incertidumbre que generarían una falta de competitividad en la Región.
“Consideramos que el decreto debe ser analizado de una manera profunda en la que intervengan todos los actores involucrados, esperamos que este llamado que estamos haciendo los gobernadores del Caribe al Gobierno Nacional sea tenido en cuenta”, señaló el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa.
Uno de los aspectos que fueron considerados por los gobernadores fue todo lo relacionado con el desarrollo agrario: “es el sustento del Proceso de Paz consolidado por su gobierno (de Juan Manuel Santos), se sometería a diferentes condicionamientos que prácticamente harían inviables los proyectos productivos que jalonan el desarrollo sostenible de la región”.
La propuesta de los gobernadores es integrar una mesa de diálogo en donde tengan cabida las entidades territoriales, los gremios de la producción y organizaciones sociales y demás actores que tengan interés o se sientan afectados con su alcance, con la finalidad de crear mecanismos conjuntos que generen el mayor ambiente de fraternidad y protección a la diversidad cultural, y permita el desarrollo económico y social de la Región.
