La Gobernación del Atlántico socializó con personeros, secretarios de Gobierno y representantes de alcaldes municipales, en una jornada de reflexión, un Pacto Departamental por los Derechos Humanos que, próximamente, suscribirá la Administración Departamental con los territorios municipales.
Esta actividad se llevo a cabó en el marco de la declaración universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, acto que se conmemora el 10 de diciembre.
El subsecretario de Participación Ciudadana, Edgardo Mendoza, expresó que la actividad de reflexión, realizada hoy en el Parque Cultural del Caribe, también es el resultado del trabajo que se realiza en los municipios para consolidar estas políticas públicas, compromiso que se reafirmará con el Pacto Departamental por los Derechos Humanos.
“Desde el año anterior, la Gobernación está trabajando en este tema y logramos conformar 22 comités municipales de derechos humanos que se crearon en compañía de los alcaldes, secretarios de Gobierno, personeros, juntas de acciones comunales, líderes de víctimas, y representantes de mujeres, entre otros sectores de la población”, dijo el funcionario.
El secretario Jurídico con las funciones del gobernador del Atlántico, Rachid Náder Orfale, explicó que el objetivo es construir los insumos para la formulación de una política pública adecuada con los fines establecidos en el plan de desarrollo Atlántico Líder (2016-2019).
“La idea es que todos los entes territoriales se comprometan dentro de los espacios establecidos por la ley para la promoción de los derechos humanos. Estamos en un momento coyuntural por lo que está pasando con las víctimas del conflicto armado y lo acontecido con los venezolanos y su migración al territorio nacional”, apuntó Náder Orfale.
Agregó que dentro del marco de sus competencias, los alcaldes tienen como objeto la prestación directa de los servicios públicos y esto se constituye en el pilar fundamental para garantizar los derechos humanos.
“Lo que pretendemos aquí es que esos derechos no se queden en discurso, sino que se conviertan en realidad, es decir, que dentro del marco de los planes de desarrollo y de la ejecución anual de los recursos municipales, se destinen partidas presupuestales para garantizar estos derechos”, reiteró Náder.
El proceso operativo para la construcción de las políticas públicas de derechos humanos está a cargo de la Fundación Anauros. El consultor de la fundación, Jerry Garavito, presentó el diagnóstico inicial hacia la construcción de una línea de base y política pública de derechos humanos y paz en el departamento del Atlántico.
“El diagnóstico establece que, además del tema de derechos humanos con las víctimas del conflicto armado, es fundamental garantizar los derechos de salud, saneamiento básico y resolución a la conflictividad social, especialmente en la población juvenil, como componentes necesarios para construir un territorio de paz”, expuso Garavito.
