Este martes el gobierno de Núñez Feijóo, logró aprobar una nueva proposición de ley, que lleva gestándose desde el mes de noviembre, y que establece el marco legal para que, en caso de necesidad, se pueda obligar a la vacunación.

La enmienda ha obtenidó 41 votos del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento gallego y 32 votos en contra, concretamente, del Partido Socialista de Galicia y del BNG.

Reconociendo así un nuevo marco de medidas para hacer frente al COVID-19, donde destacan múltiples sanciones por no llevar mascarilla, hacer botellón o, como ya advertía el texto, establecer como obligatoria la vacuna contra la enfermedad.

Según el documento entregado por la Xunta, la no vacunación esta catalogada como «infracciones leves». Lo que quiere decir que el no ponerse la inyección, en la mayoría de los casos (y siempre que así lo consideren las autoridades sanitarias), implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros.

Pese a que este apartado entra como «infracción leve», hay un punto en el que la sanción podría ser visiblemente mayor. Tal y como reza el texto, en la sección de «infracciones graves», se establece que la negativa a someterse a la inyección podría ser incluida «cuando puedan suponer un riesgo o un daño grave para la salud del población, siempre que no constituyan infracción muy grave». Es decir, bajo este supuesto, no vacunarse implicaría una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.

Siendo esto un rpoblema ya que en ninguna parte del documento especifica qué tipo de acciones acarrearían esta sanción mayor, dejando a la suposición que el hecho de negarse a la vacunación suponga cualquier tipo de reprimenda legal.

En las proximas 24 horas la nueva medida entrara en vigor.