El Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de revocar la candidatura y darle inhabilidad al ingeniero a la Gobernación de Santander

Durante la mañana se conoció el certificado de inhabilidad emitido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en relación con Rodolfo Hernández, en el cual se confirman las tres sanciones impuestas en su contra. A inicios de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Hernández a la Gobernación de Santander, dando un plazo máximo de dos días para que las partes involucradas presentaran las pruebas correspondientes, con el fin de tomar una decisión al respecto.

“Considera el despacho ponente la necesidad de solicitar al ciudadano Rodolfo Hernández Suárez para que en el término de dos (02) días contados a partir de la comunicación del presente auto se pronuncie frente a la solicitud de revocatoria de inscripción en curso. Además, que aporte las pruebas que pretenda hacer valer en el proceso y presente los argumentos que considere pertinentes”, se puede leer en el documento que fue emitido por el CNE.

La petición de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander

La solicitud hecha al CNE fue radicada por el abogado Duarte Ballesteros el 14 de agosto pasado. Allí se argumenta que el ingeniero “ha sido sancionado por parte de la Procuraduría General de la Nación en varias oportunidades, como lo establece el certificado emitido por la misma entidad en su página web”, entre otras razones.

En el documento se relacionan cuatro sanciones en contra del candidato a la Gobernación del departamento. Una de ellas fue la proferida por haber llamado “lavaperros” a un veedor municipal cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga en 2018. Como Hernández actualmente no es funcionario público, la sanción se convierte en una multa de 62 millones de pesos.

“Está probado con el material arrimado que el ciudadano Rodolfo Hernández incurre en presunta transgresión de la Constitución Política, artículo 122 superior, de la Ley Estatutaria 617 de 2000, en el capítulo V, reglas para la transparencia de la gestión departamental (…)”

Destacó el jurista en el documento.