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Fiscalía imputará exdirectivos por irregularidades en Hidroituango

La Fiscalía General informó este miércoles que imputará a dos exdirectivos de la hidroeléctrica en construcción de Ituango (noroeste), en emergencia desde mayo del año pasado, por supuestas irregularidades en los procesos de contratación de la firma Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En un comunicado, la entidad explicó que las pesquisas apuntan a que la gerencia del proyecto, considerado el de mayor envergadura de este tipo en el país, adjudicó directamente a EPM la construcción y operación de la hidroeléctrica, a pesar de que otras firmas internacionales participaban en el proceso.

Según una cronología presentada por el ente acusador, el origen de las investigaciones se remota a 2009, cuando la junta directiva de Hidroituango “decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obras” para que asumiera la construcción del proyecto con recursos propios y “responsabilidad individual de riesgos”.

Tras esa decisión, en noviembre de ese año se realizó la primera invitación pública internacional para la “contratación de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de una central de generación hidroeléctrica con capacidad de 2.400 MW”, según la nota.

De esta forma, en febrero de 2010 siete empresas que presentaron su solicitud fueron aceptadas por Hidroituango para “construir, mantener y operar la hidroeléctrica más grande de Colombia”.

Las empresas que participaron en el proceso fueron China Three Gorges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A, Constructora Norberto Odebrecht S.A, Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A, Constructora Andrade Gutiérrez S.A y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Según la Fiscalía, pese a la publicación de “las reglas para la adjudicación de los contratos”, días después las directivas de Hidroituango suspendieron “el proceso de subasta por unas semanas”.

“Sin embargo, los socios avanzaron en una negociación directa con una de las firmas, era EPM”, agregó el ente acusador, que detalló que en noviembre de 2010 Hidroituango “informó a los seis oferentes internacionales y nacionales que el proceso de subasta quedaba cerrado”.

La Fiscalía señaló que la compañía optó por contratar directamente a EPM bajo el argumento de que esta es “una empresa regional”.

“El proceso de contratación culminó el 19 de enero de 2013, EPM Ituango S.A. E.S.P (cedente-contratista) y EPM E.S.P. (cesionario) celebraron un acuerdo de voluntades” por un valor de 18.519 millones de pesos (unos 6 millones de dólares).

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó que se “convoque a audiencias de imputación” a Luis Guillermo Gómez Atehortua y Luis Javier Vélez Duque, gerente de Hidroitunago S.A y gerente de EPM Ituango, respectivamente, para ese entonces.

De igual forma, el ente acusador citó a interrogatorio para marzo de este año a Vélez y otras siete personas.

Además de esa investigación, la Fiscalía realiza otra por el daño ambiental “generado por el proyecto Hidroituango a los recursos naturales”.

El ente acusador busca establecer “eventuales responsabilidades penales” por la indebida gestión de residuos sólidos, obras y modificaciones sin licencia y desestimación de riesgo y plan de contingencia.

La emergencia en Hidroituango comenzó el 7 de mayo de 2018 por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce en el país, que quedaron represadas en un embalse en construcción.

Ante el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada.

La situación obligó a las autoridades a evacuar en su momento a unos 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca.