El Consejo de Estado admitió una nueva demanda pidiendo la muerte política de Gustavo Petro por presuntamente estar inhabilitado para ocupar su curul como senador. Se trata de una demanda que vuelve a traer el debate las multas que le ha ordenado la Contraloría de Bogotá por la responsabilidad que tendría en el detrimento patrimonial de $ 217.000 millones por haber bajado las tarifas de Transmilenio en las horas valle.

La demanda la interpuso Carlos Alfaro, resaltando que las normas dicen “que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular ni celebrar contratos con el Estado, quienes hayan dado lugar, como servidores públicos con su conducta dolosa o gravemente culposa, a que el Estado sea condenado patrimonialmente”.

Dice el demandante que en sus antecedentes disciplinarios aparecen tres fallos en su contra y se menciona expresamente la respectiva inhabilidad, por lo que habría actuado de mala fe.

El Consejo de Estado admitió la demanda por cumplir los requisitos, pero el pasado 13 de febrero, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revivió las medidas cautelares que suspenden las sanciones contra del exalcalde.