Los últimos tres meses de cuarentena, hemos sido testigo de webinars, conferencias virtuales, seminarios, podcast y múltiples espacios no presenciales de diálogo y discusión en los que se ha planteado el impacto y la regulación del sector minero en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Coronavirus Covid-19 en nuestro país. Los enfoques de algunos debates a la fecha se han centrado, por supuesto, en los efectos que ha causado a la industria minera la parálisis y/o desaceleración de la actividad, las dificultades en materia de comercialización de minerales, el descenso-desaceleración de la demanda nacional e internacional, la caída en los precios de algunos commodities (salvo del oro), las novedades en el relacionamiento con la Agencia Nacional de Minería (ANM) , la suspensión de términos y los nuevos protocolos de bioseguridad que se han de aplicar en la industria, entre otros asuntos coyunturales.

Entre la normatividad expedida a la fecha con incidencia en el sector y con miras a enfrentar este momento coyuntural, destaco el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y sus posteriores modificaciones; la Circular Conjunta 01 del 6 de abril de 2020, el Decreto 574 del 15 de abril de 2020,  la Resolución 797 del 20 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 798 del 4 de junio de 2020 y la Resolución 096 del 16 de marzo de 2020 de la ANM, con sus posteriores modificaciones, la más reciente la 197 del 1 de junio de 2020.

Todos estos temas, de vital importancia, pertenecen a lo que analistas internacionales como Andrew Swart, en su publicación Understanding the Sector Impact of Covid-19: Mining and Metals, han denominado la fase de “respuesta” de la industria a la emergencia por el Covid-19. En esta etapa, el propósito fundamental ha sido, mediante la regulación, procurar el mantenimiento de las operaciones (así fuese en condiciones mínimas), reforzar las exigencias en la operación mediante estrictos protocolos en materia de salud y bioseguridad de los trabajadores y facilitar las mejores condiciones posibles en materia de comercialización de los minerales. En buena parte de los países en los que la minería ocupa un renglón significativo de la dinámica económica, esta etapa inicial ha culminado para dar paso al segundo periodo de “recuperación”.

En efecto, superados los meses de marzo, abril y mayo, se abre en este momento el periodo mediante el cual, la política pública del sector minero-energético y la regulación deben hacer énfasis en moldear las condiciones necesarias para que la industria minera alcance sus plenas condiciones operativas, naturalmente sin descuidar la estricta aplicación de los Protocolos de Bioseguridad – que llegaron para quedarse por largo tiempo- y así, se convierta en un aliado estratégico de las autoridades locales y de sus comunidades, en ese complejo y largo proceso de recuperación económica y social que recorreremos, a medida que se van abriendo múltiples sectores productivos.

La crisis que enfrentaremos a todos los niveles, se convierte en una oportunidad para que el sector minero lidere en los territorios, la recuperación del empleo local y, con la ejecución de programas de gestión social, en el marco de las necesidades y carencias que deja la pandemia en los municipios, se convierta en un modelo de referencia en términos de operación segura libre de Covid-19, ejemplo en materia de innovación tecnológica, fomento de los encadenamientos productivos locales, el mejor socio de los alcaldes en la ejecución coordinada de acciones dirigidas al mejoramiento del bienestar social, actor líder en el ámbito de la pedagogía asociada a la higiene y buenas prácticas preventivas en materia de salud, impulsor de la participación ciudadana y de la implementación de espacios de participación no presencial y, por supuesto, que opere con los más altos estándares y condiciones en materia ambiental. En un escenario de estas características, nos encontraremos entonces ante la esperada tercera etapa de “florecimiento” de la industria, con la credibilidad y, ojalá, confianza por parte de las comunidades.

Finalmente, respecto a las autoridades, y ante la compleja coyuntura que atraviesa el país en materia de confiabilidad y seguridad en el suministro eléctrico, en un contexto en el que nivel de los embalses están afectados y ante un fenómeno del niño, es necesario hacer un llamado a considerar al sector minero como actor clave en la imperiosa necesidad de diversificar aún más nuestra matriz energética y reducir la dependencia del recurso hídrico. Los esfuerzos por fomentar las fuentes no convencionales de energía en el país son importantes, necesarios y debe continuarse en esta senda pero, dadas las circunstancias actuales, la electricidad generada a partir de nuestras centrales térmicas de carbón se convierte en imprescindible, en sustento de la confiabilidad del sistema, en un actor que, tras bambalinas, respalda la operación de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y que, en la actualidad, gracias a la tecnología de plantas ultra súper críticas permite una operación responsable en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, se destaca el rol que pueden tener minerales estratégicos como el cobre en el impulso de las denominadas FNCE en el que avanzamos en nuestro país. Por todas estas razones, el sector minero, en su conjunto, se visualiza como un actor clave en la estrategia de transformación energética y en el proceso de recuperación económica y social que iniciamos en el segundo semestre de este “singular” año 2020.