El viernes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución que prorroga hasta el 25 de septiembre de 2021 el mandato de la Misión de Verificación de ese organismo al proceso de paz.
Se esperaba que se ampliara el mandato para que esa Misión participe en el monitoreo a las sanciones propias que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos más graves del conflicto. Aunque eso no pasó, el organismo manifestó su voluntad de estudiar esta posibilidad “en el momento oportuno”.
El magistrado Juan Ramón Martínez, presidente de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que será la encargada de imponer esas sanciones, explica en esta entrevista la importancia de la resolución de la ONU para el futuro de las sentencias que la JEP proferirá.
¿La resolución solo manifiesta voluntad de estudiar la verificación de las sanciones propias de la JEP?
Así es. La resolución es bien importante y de un peso simbólico mayúsculo por el respaldo que el Consejo de Seguridad en pleno le da, por un lado al acuerdo de paz en el sentido de prorrogar el mandato de la Misión de Verificación, y en particular el punto 3 de la resolución donde señala que es de interés apoyar de forma decidida la verificación del cumplimiento de las sentencias que el Tribunal para la Paz promulgue, en el entendido de que será en un proceso de coordinación con el Gobierno nacional.
Manifiesta su intención de apoyar el monitoreo y verificación judicial de las sentencias que profiera el Tribunal en su momento. Ese apoyo le da un rango jurídico trascendente en el contexto del derecho internacional, no hay antecedentes en ese sentido.
«Ese apoyo le da un rango jurídico trascendente en el contexto del derecho internacional, no hay antecedentes en ese sentido».
¿Se trata entonces de un gesto simbólico que no implica un compromiso formal de la ONU?
Lo entendemos como una primera etapa, supremamente importante. Todavía estamos a tiempo de que se amplíe, en su momento, el mandato. No está contemplado en los meses que vienen unas sentencias de fondo del Tribunal para la Paz, es un proceso todavía largo en el que faltan los escritos de determinación de hechos y conductas y las resoluciones de conclusión para que lleguen al Tribunal y se profieran las sentencias. Es, sin lugar a dudas, el inicio de una acción que seguramente derivará en que una vez se formalice por parte del Gobierno nacional la solicitud de ampliación del mandato, tendrá todo el apoyo del Consejo de Seguridad para hacerlo.
La resolución habla de estudiar esta incorporación en el “momento oportuno”, ¿se refiere a cuando sean impuestas las sanciones?
El Consejo de Seguridad entiende que en este momento estamos en una etapa previa a la imposición de las sentencias definitivas. La JEP está en las labores de construcción de macrocasos, en esta primera fase de la ruta procesal, pero en su momento, cuando se trate de decisiones de fondo de las sentencias, en ese momento entenderíamos tiene interés el Consejo de Seguridad de respaldarlas, cuando sean proferidas.
¿Cómo sería esa verificación, dado que la JEP también tiene una función al respecto?
En este momento la JEP está trabajando en el diseño del mecanismo de monitoreo y verificación donde en principio le corresponde a la Jurisdicción a través de su secretaría ejecutiva, pero estamos trabajando arduamente para articular con el Gobierno y en su momento con la Misión de Verificación lo que será su participación en el apoyo a esta labor que debe ser tripartita.
¿Pero aún no es claro qué función concreta ejercería cada entidad?
Esta decisión del mecanismo de monitoreo requiere muchísimas labores logísticas, preparatorias, complejas que en este momento se están diseñando.
Es muy importante que una vez sea ampliado el mandato y se permita que la Misión pueda apoyar la labor de monitoreo y verificación, se logre un consenso efectivo con Naciones Unidas para establecer hasta qué punto puede ir. Mientras eso sucede, la JEP y nuestra Sección, junto con la secretaría ejecutiva trabaja en el diseño de la correlación y combinación de esfuerzos de la JEP y en su momento con la Misión para lograr una adecuada labor de monitoreo y verificación.
¿El contenido de esa Misión es de competencia y discreción del Consejo de Seguridad?
Así es. Ellos a través de su resolución establecerán el marco de acción. Obviamente seremos muy respetuosos de los procedimientos y formas internas que la Misión tiene. El interés particular es que haya la coordinación necesaria, es hacia donde vamos.
¿En qué va la planeación con el Gobierno respecto al alistamiento para las sanciones propias?
Establecimos con la Consejería para la Estabilización una agenda de trabajo donde logramos identificar unos temas centrales de conversación y estamos pendientes de la materialización por parte de la Consejería de esas reuniones que esperamos podamos hacer en las próximas semanas. Estamos a la espera de que el Consejero Archila la materialice. Por lo pronto, es muy importante el avance de establecer los temas de conversación y estaremos informando de los avances de esas mesas de trabajo.
¿Nos puede mencionar algunos de esos temas?
De forma muy general, hasta que logremos efectivamente un acuerdo, es una serie de acciones que involucran las obligaciones legales del Gobierno nacional para la materialización de las sanciones propias, los apoyos necesarios para el componente restaurador de esas sanciones así como el apoyo para el componente retributivo que implican. Todo debe estar articulado para el desarrollo de políticas públicas que permitan la concreción eficaz de esas sanciones
¿Si este año salen las resoluciones de conclusiones, en 2021 habrá sentencias?
Somos conscientes del trabajo gigantesco que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad está haciendo para establecer los escritos de determinación de hechos y conductas. A continuación vendrá la formalización de la resolución de conclusiones que activará inmediatamente la competencia del Tribunal para la Paz para proferir las sentencias de fondo.
Esperamos que en la segunda mitad del próximo año, a partir de la llegada de esas resoluciones de conclusión, se puedan tener las primeras sentencias de fondo del tribunal para la paz. Somos optimistas de que en medio de las dificultades pandémicas y de una labor de construcción sin precedentes donde se han removido más de 60 años de conflicto para visibilizar las verdaderas causas del mismo se llegue de una forma muy célere en comparación con otros procesos de justicia en Colombia o en el mundo.
