La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su inquietud tras la promulgación del Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, que impide las exportaciones de carbón colombiano a Israel. La entidad sostiene que esta medida contraviene varias normas y compromisos internacionales, afectando negativamente la seguridad jurídica y la competencia libre en el país.

La ACM argumenta que el Decreto viola la Constitución de Colombia, la Ley 7 de 1991, el Plan Nacional de Desarrollo, y los Tratados de Libre Comercio que el país ha firmado. Según la asociación, estos acuerdos, especialmente el Tratado de Libre Comercio con Israel, prohíben restricciones a la importación o exportación de mercancías, salvo en situaciones excepcionales como una grave escasez de bienes esenciales.

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, criticó la decisión al señalar que el argumento de la “moral pública” no justifica una medida que afecta profundamente la economía del país y el bienestar de las regiones productoras. Nariño también destacó que esta medida podría dañar la confianza en los compromisos internacionales de Colombia y aumentar la incertidumbre para los inversores.

En 2023, las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, equivalentes a unos US$447 millones. Esta cifra es comparable con el total de las exportaciones a Reino Unido y supera las exportaciones de rosas y aguacates hass.

La prohibición podría reducir significativamente los ingresos fiscales del país, con una pérdida estimada de aproximadamente $650.000 millones en impuestos, regalías y contribuciones. Las regiones de La Guajira y Cesar serían particularmente afectadas, con una pérdida superior a $100.000 millones, equivalente a una parte significativa de las contribuciones del sector TIC y de la construcción.

La ACM critica al gobierno por no considerar las opiniones de la ciudadanía y los grupos de interés, y alerta sobre el impacto negativo de estas restricciones en un contexto económico ya complicado, con bajos ingresos y alta necesidad de inversión social.